La clase política peruana se hunde en un pantanal constitucional, generando una crisis sin precedentes. El inusitado forcejeo político entre el gobierno y la oposición por el control del Tribunal Constitucional, TC, alcanzó su clímax tras el rechazo de la oposición parlamentaria, Fuerza Popular (fujimorismo) y el APRA a la “cuestión de confianza” solicitada por el presidente, Martín Vizcarra, para cambiar el proceso del Legislativo de selección de los magistrados del TC. El TC tiene facultad para solucionar controversias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y puede decidir fallos importantes como libertad o cárcel de políticos envueltos en corrupción.
La “cuestión de confianza” es una herramienta constitucional del Poder Ejecutivo, a través del cual el presidente del Consejo de Ministros en representación del Gabinete o los ministros individualmente piden al Congreso el respaldo a una política, iniciativa o decisión ejecutiva.
El Congreso de Perú es una asamblea unicameral con 130 legisladores, elegidos por 5 años coincidiendo con el período presidencial. En las elecciones de 2016, el opositor, FP, obtuvo 73 escaños de 130 (56%), asegurando mayoría absoluta. El resto del Parlamento está formado por 13 partidos cuyo mayor número individual no pasa de 10 legisladores. La última instalación del Congreso fue el 26 de julio de 2016, siendo su presidente Pedro Olaechea, del partido centro-derecha, Peruanos por el Kambio, PPK, fundado por el ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que fue obligado a renunciar a la presidencia en marzo de 2018, por corrupción vinculado al caso Odebrecht y actualmente en prisión domiciliaria.
El corazón de la oposición peruana es el “fujimorismo”, un movimiento populista de derecha, basado en el culto a la personalidad del ex presidente Alberto Fujimori, liderado por su hija, Keiko Fujimori, actualmente en prisión acusada de corrupción. Fujimori fue destituido por el Congreso y sentenciado a 25 años de prisión en abril de 2009, por delitos de corrupción, peculado y crímenes de lesa humanidad. El APRA fundado en mayo de 1924, devenido en minoritario grupo socialdemócrata, fue un partido antiimperialista de gran relevancia continental en la primera mitad del siglo XX, cantera revolucionaria del disidente APRA Rebelde y el insurgente Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, liderado por Luis de la Puente Uceda, caído en acción en octubre de 1965.
El Congreso tenía que elegir a 6 nuevos miembros del TC. Trascendió que la oposición había aprobado a 11 candidatos de los cuales 6 tenían procesos penales pendientes y de los 5 relativamente limpios, 2 renunciaron antes que sus nombres fueran considerados por el Parlamento. Vizcarra acusó a la oposición de intentar utilizar a los tribunales para protegerse de las investigaciones criminales en curso, por lo que solicitó la “cuestión de confianza” sobre la elección de los nuevos magistrados.
Frente al rechazo parlamentario a la “cuestión de confianza”, el presidente decretó la disolución del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo Parlamento. Horas después el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad moral” y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como “presidenta en funciones”, quien poco después renunció al cargo, dejando al gobierno en el limbo.
Sólo el TC está facultado para solucionar la crisis constitucional vigente. Sin embargo, un cambio de magistrados favorable a la oposición no sólo podría censurar la decisión de Vizcarra al disolver el Congreso, sino también condenaría al fracaso las investigaciones del caso Odebrecht por sobornos y lavado de dinero que involucran a los ex presidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García, quien se suicidó en abril antes de ser detenido.