Jorge Gómez Barata
Lo más trascendental de las reformas en curso en Cuba, es haber definido en la constitución al sistema político vigente como un estado socialista de derecho, una categoría a la cual no llegó ninguno de los ex países socialistas, incluida la Unión Soviética. Entronizar esa fórmula resulta difícil, pero es inaplazable. Ahora no se trata de exhortaciones a cambiar la mentalidad, sino de leyes que han de cumplirse obligatoriamente.
El estado socialista de derecho no significa un nuevo diseño de la institucionalidad, sino una proclamación de prerrogativas ciudadanas dentro de la arquitectura estatal existente. No se trata de transitar hacia un nuevo sistema social, sino de aplicar nuevas formas, métodos, y estilos de gobernar en el marco del socialismo. La definición no es una medida más de la Revolución, sino el punto de partida para una “revolución jurídica”, y un momento de inflexión que pone fin a la discrecionalidad en la interpretación y la aplicación de la legalidad socialista.
El estado socialista de derecho supone la democracia política, el predominio de las instituciones, la transparencia en la gestión estatal, y el fin de la secretividad en asuntos que por su naturaleza deben ser de dominio público. Bajo el estado de derecho los procesos judiciales se ventilan ante los tribunales con las reglas del debido proceso. Así opera la presunción de inocencia, y rigen reglas que protegen a los ciudadanos.
En democracia, los gobernantes no tienen el mando, sino un mandato, y los funcionarios de todas las categorías son servidores públicos.
En las condiciones del estado socialista de derecho, la morfología del poder se transforma para que la dirección de la sociedad suponga una dialéctica entre las autoridades electas y las masas. En estos ejercicios han de combinarse las funciones de dirección política con la permanente atención a las necesidades y demandas de la población.
De lo que se trata, cómo lo definió el presidente Raúl Castro, es de gobernar “…Con los pies y los oídos pegados a la tierra”, para escuchar lo que el pueblo quiere.
Para llegar a la noción del estado socialista de derecho que no fue invocada por Marx, ni incluida por Federico Engels en su obra el Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, y que Lenin no asumió en el Estado y la Revolución, hubo que descartar la “dictadura del proletariado” y “el estado de todo el pueblo”. La aplicación de principios jurídicos en el socialismo marxista supone, no solo un modo diferente de gobernar, sino una concepción diferente del poder del pueblo.
El estado socialista de derecho no es un conjunto de estructuras que están por construir, sino de preceptos que es preciso aplicar. La república cuenta con los códigos, las leyes, y las instituciones que regulan el funcionamiento del estado y sus instituciones, incluidos el sistema judicial y la administración de justicia, apoyadas por las tradiciones y la educación jurídica del pueblo. También se dispone de profesionales y técnicos, abogados, jueces, fiscales y otros funcionarios, directivos, y empleados capaces de operar el sistema legal, y de aplicar lo dispuesto por la constitución.
Aunque lo dispuesto en la Constitución no puede ser aplicado de modo expedito, la entronización de lo dispuesto en ella acerca de los derechos civiles y humanos, las cuestiones asociadas a la propiedad, la emigración, los procedimientos penales, el régimen penitenciario y otros asuntos, no debieran dilatarse. No se trata de impaciencia, sino de lograr avances en plazos razonables.
Nunca, ni una sola vez desde que en 1976 la revolución efectuó la primera elección, el pueblo no ha dejado de votar por el socialismo, y el referéndum mediante el cual el pasado mes de febrero se adoptó la constitución vigente, atestigua que la mayoría de los electores cubanos están de acuerdo con las reformas inscriptas en ella.
Al asociarlo al derecho, la Revolución Cubana realiza un aporte trascendental al socialismo y a sus prácticas. Defenderlo implica la disposición para perfeccionarlo, hacerlo mejor, y blindarlo contra deformaciones que, como evidencia la experiencia histórica, pueden surgir. El socialismo ratificado por la constitución cubana y sobre el cual se asienta su continuidad, es el que se asoma al siglo XXI, y está pautado por la ley y el derecho.