Pedro Díaz Arcia
Luego de casi tres semanas de conversaciones entre líderes de ambos partidos, un total de 83 senadores, de cien, asignó 1,375 millones de dólares al aprobar el proyecto de ley de seguridad fronteriza con México y no los 5,700 millones exigidos por Donald Trump. El documento del Senado necesitaba la sanción de la Cámara de Representantes antes de la medianoche del viernes 15 de febrero, fecha límite aceptada por el Gobierno para financiar sus actividades mientras se buscaba un acuerdo que pusiera fin al bloqueo de los pagos a unos 800,000 empleados.
El proceso siguió su curso, la Cámara Baja lo aprobó y lo remitió al Presidente para su veto o su sanción. Trump firmó la ley, pero herido en su ego y en defensa de su compromiso electoral, a continuación declaró la emergencia nacional para financiar el muro. Si no lo hubiera hecho habría pagado un alto costo político; habrá que ver cuánto puede costarle esta nueva acción.
Durante su visita a la guardia fronteriza en el estado de Texas, hace más de un mes, en un acto típico de una campaña electoral, Trump amenazó nuevamente con declarar una emergencia nacional si seguían bloqueando los fondos para construir su muro.
¿Por qué no decidió declararla en ese momento si el país era víctima de una invasión criminal?
Porque si lo hacía tendría que asumir, para él antes de agotar todas las presiones sobre el Legislativo, la responsabilidad de un nuevo cierre hasta el fin del año fiscal. Quizá creyó que el Congreso no resistiría su embestida; y en caso de que no fuera así, entonces decretar la emergencia. El fin era ganar tiempo.
Creo que irrespetó los esfuerzos de los congresistas; en particular, de los legisladores republicanos que estuvieron días y noches en la búsqueda de un consenso con la oposición, que se logró en más de una ocasión, para luego dar marcha atrás ante la voz de mando del autócrata. El propio líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, corría del Capitolio a la Casa Blanca y viceversa, como un recadero del magnate.
Al interrumpir una sesión de la Cámara de Representantes para anunciar la acción presidencial, McConnell afirmó, en rechazo a su posición anterior, que apoyaría al Presidente en la opción que le permite conseguir más fondos del presupuesto federal.
Declarar un estado de emergencia nacional es una prerrogativa temporal y de carácter especial, conferida por la Constitución a los gobernantes para enfrentar una crisis; en este caso inexistente.
No es más que un golpe bajo al Poder Legislativo que tiene la potestad exclusiva en materia presupuestaria. El objetivo, cumplir con sus bases conservadoras.
¿Qué podemos esperar a partir de ahora? No faltarán querellas judiciales de imprevisibles resultados y consecuencias.
Por lo pronto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes envió el mismo viernes una carta al Presidente; según la cual, su declaratoria “demuestra un desprecio negligente por la separación de poderes” y “las responsabilidades contempladas en nuestro sistema constitucional”. El texto le solicita permitir que los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia que estén involucrados en la decisión comparezcan ante una audiencia del citado comité; y también que presente los documentos legales que la avalan.
Un fuerte inicio de nuevas hostilidades.