MANAGUA, Nicaragua, 27 de febrero (EFE/REUTERS).- Nicaragua instaló este miércoles una nueva mesa de negociaciones para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive desde abril, para la que la Organización de Estados Americanos (OEA) se ofreció como garante.
La mesa se estableció entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin la participación del presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como sí ocurrió en un primer intento fallido de diálogo en mayo pasado.
Las negociaciones se desarrollan con la presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, en calidad de testigos, y se instalaron siete meses después de que un diálogo nacional iniciado a mediados de mayo de 2018 se suspendiera indefinidamente.
El nuncio apostólico transmitió un saludo y la oración del papa Francisco a la apertura de las negociaciones y su deseo para que se resuelva la crisis sociopolítica del país con responsabilidad y por el bien de todos.
Además, leyó unas palabras que el Santo Padre escribió el 11 de mayo de 2018 al presidente Ortega en la que dijo que “el diálogo humilde y sincero es un buen medio para favorecer la paz y encontrar soluciones justas y solidarias a los problemas sociales y políticos”, y que se ajustaba también a la actualidad.
Por su lado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el organismo podría actuar como “garante” del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una “solución nicaragüense” a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.
Nicaragua libera 100 “presos políticos”
Horas antes de que fuera retomado un diálogo que busca poner fin a la crisis política en Nicaragua, la justicia del país centroamericano liberó el miércoles a 100 “presos políticos” que permanecían encarcelados por su vínculo con las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La liberación ha sido una de las principales exigencias de la oposición y de organismos de derechos humanos, que aseguran que unas 600 personas estaban tras las rejas desde que empezaron en abril de 2018 las manifestaciones antigubernamentales, que también han dejado más de 320 muertos.