Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Tal como se temía, el presidente anunció anoche que objetará la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) y que, además, presentará un proyecto de reforma para modificar temas sobre los que ya la Corte Constitucional se había pronunciado.
Hace un mes el presidente había dicho que no vetaría la ley pero era previsible que no tuviera fuerza para oponerse a lo que el ex presidente Uribe, a quien obedece ciegamente, y el fiscal general, su gran aliado, habían decidido. Así, las objeciones son un calco exacto de lo que estos dos personajes habían solicitado.
El fiscal está feliz; ya salió a respaldar públicamente las objeciones porque cada día que pasa nos veremos obligados a concentrarnos en este tema y los múltiples casos por los que está éticamente cuestionado se verán opacados. Pasamos de las manifestaciones multitudinarias pidiendo su renuncia a las que piden respetar el proceso de paz y sólo tangencialmente se tocará el tema de Odebrecht en que aparece implicado.
La extradición, tan solicitada para los guerrilleros por esos dos personajes, es tal vez el que mayor incertidumbre jurídica genera. No demorarán Iván Márquez y El Paisa, los dos ex jefes guerrilleros que han dicho que no salen de sus escondites porque no tienen seguridad en esa materia, en enviar alguna comunicación en que digan que se les ha dado la razón. Muy posiblemente aumenten también las disidencias de las FARC ante el temor de ser enviados a Estados Unidos. Con esta objeción Duque termina de arrodillarse ante Estados Unidos y cae en una gran contradicción porque insiste en la extradición y dice que quiere garantizar los derechos de las víctimas. Ya sabemos que quien sea extraditado será juzgado allá sólo por narcotráfico, así que las víctimas se quedarán sin justicia, sin verdad y por tanto sin reparación ni garantía de no repetición.
Esto de la extradición hace recordar cuando los ex jefes paramilitares fueron extraditados, según dijo Mancuso, uno de ellos, cuando iban a empezar a hablar. Ya son varios los militares que se han presentado a la JEP y, como este tribunal se diseñó no sólo para los desmovilizados de las FARC, se espera que empresarios y políticos hagan lo mismo cuando vean que la justicia ordinaria les pisa los talones para obtener los beneficios de la justicia transicional. Pueden salir ahí a flote muchas verdades incómodas.
Otra objeción tiene que ver con los intentos del gobierno de crear una sala especial para juzgar a los militares, lo cual necesariamente tendrá que rechazar la Corte en su revisión de constitucionalidad incluso pensando en favorecer a los supuestos defendidos que quedarían así expuestos a la Corte Penal Internacional –CPI- que seguramente considerará esos juicios como no válidos y reclamará su competencia.
Insiste el gobierno en que un desmovilizado que delinca luego de la firma del acuerdo deberá perder “todos” sus derechos en la JEP. También esto fue ampliamente debatido y desechado porque si bien es comprensible que un ex guerrillero que cometa un nuevo crimen atroz pierda todas las oportunidades de la justicia transicional, no es aceptable que si, por ejemplo, ocasiona un accidente de tránsito deba ser excluido de esa justicia. En este caso sólo deberá recibir el castigo que corresponda.
Los artículos materia de la objeción deberán pasar nuevamente al Congreso -que ya los había debatido y aprobado- donde el gobierno no tiene mayorías aseguradas pero que sabemos se mueven en un terreno cenagoso, al vaivén de los intereses políticos de los legisladores. El partido liberal ha dicho que no aceptará ataques a la JEP y esperamos que se mantenga en esa tónica, pero Cambio Radical, del ex vicepresidente Vargas Lleras, que tan ambiguo se mostró durante su período frente a la paz a pesar de ser coequipero de Santos, marca un interrogante que puede inclinar la balanza según se defina.
Con esta decisión Duque se quita la careta de respetuoso de la paz: en su discurso ante Naciones Unidas dijo que respetaba el acuerdo, lo repitió hace unos días ante el presidente. Ahora, si lo repite, difícilmente encontrará quien le crea.
Otra consecuencia política es que hará más difícil la gobernabilidad porque en el Congreso la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de todas las propuestas que presente tendrán la oposición de quienes apoyan la paz –que no es solamente la izquierda- y aumentará la polarización de la que tanto ha dicho de dientes para afuera que no participa.
En nuestro sistema político viciado veremos ahora a los parlamentarios mostrar su voracidad burocrática y en una espiral de corrupción pedir cada día más prebendas para dar su voto de apoyo; tristemente asistiremos al espectáculo de su falta de grandeza. Afortunadamente cada día hay más conciencia social en el electorado y se va consolidando un cuerpo de oposición en el cual esperemos que se mantengan, además de los de izquierda, los partidos leales al acuerdo o por lo menos personas destacadas de ellos.
La propuesta de reforma constitucional tiene un cariz más grave: lo que propone modificar el gobierno hace parte del Acto Legislativo que consagró el acuerdo de paz y sobre él la Corte Constitucional dio su aprobación estableciendo además que durante tres períodos presidenciales no podrían hacerse reformas que implicaran variar su esencia. Ni siquiera ha pasado completo un período posterior completo y ya se está proponiendo cambiar su sustancia: un choque de trenes entre dos poderes independientes del Estado de Derecho que nos rige. Con ello el Ejecutivo está desconociendo decisiones del más alto tribunal constitucional.
Ningún presidente de la República se había atrevido a desconocer a la Corte Constitucional. Ni siquiera Uribe, a quien le rechazó la posibilidad de un tercer período presidencial que ya le había aprobado el Congreso, se atrevió a desconocerla. Ahora lo hace prevalido de que la responsabilidad no será suya sino del presidente en ejercicio y éste, por medio de quien el ex mandatario habla como ventrílocuo, no tiene cómo desobedecer. Tristemente tenemos un gobierno no con dos cabezas sino con una sola que maneja como a una triste marioneta a quien no es más que su vocero aunque en las formas vista la banda presidencial.