Alfredo García
El pasado sábado, París volvió a ser escenario de las protestas populares de los “chalecos amarillos”, manifestaciones pacíficas de protesta iniciada en octubre del pasado año, frente al anuncio del gobierno de aumentar el precio de la gasolina, desde entonces convertidas en plataforma de lucha social reivindicativa.
El nombre “chalecos amarillos” procede del atuendo fosforescente que debe usar todo automovilista en Francia para mejor visibilidad, en caso de un incidente de carretera. El movimiento surgió desligado de cualquier partido político, sindicato u organización social. Su apoyo de masas procede del deterioro económico y social de personas que residen en la periferia de París, provincias o zonas rurales de Francia.
La iniciativa de algunos disconformes, en exhortar a los ciudadanos a través de las redes sociales a protestar en medio de la injusticia fiscal francesa y la pérdida del poder adquisitivo de la clase media, germinó como semilla madura en terreno fértil. En esta ocasión, 60,000 policías fueron desplegados en varias ciudades del país para contener la embestida sabatina. Según el ministerio del Interior, en toda Francia se manifestaron 27,900 personas, de ellas 9,000 en París. Al final del día, la policía había realizado más de 20,500 controles preventivos y en París 227 personas fueron detenidas.
El creciente movimiento de protesta social que desde el 17 de noviembre de 2018 se repite todos los sábados, bloqueando carreteras en París y otras ciudades, con esporádicos brotes de violencia desafiando la represión gubernamental, obligó al presidente Emmanuel Macron no sólo a suspender el aumento del precio a la gasolina, sino a promover medidas económicas y sociales para tratar de calmar la rebeldía de los manifestantes que han incluido, entre sus exigencias, la renuncia de Macron.
El gobierno francés ha recibido numerosas quejas, por “excesivo uso de fuerza” de parte de la policía. Según el periodista, David Dufresne, las balas de caucho llamadas LBD-40 han causado hasta la fecha 231 heridos. El ministerio del Interior ha registrado entre los manifestantes, un total de 11 muertos y 2,200 heridos. Según el diario digital francés Mediapart, se han comprobado hasta la fecha más de 500 casos de abusos policiales. Entre ellos 22 manifestantes han perdido un ojo, cinco han quedado mutilado de una mano y 210 sufrieron heridas en la cabeza.
El pasado 6 de marzo, la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, incluyó a Francia entre los países que usaron fuerza extrema represiva: “Insto (al Gobierno francés) a una investigación de todos los casos denunciados de uso excesivo de la fuerza”, solicitó Bachelet.
Según las autoridades francesas, la violencia surgida en las manifestaciones procede de “grupos radicales encapuchados” conocidos como “black blocs” (bloques negros) que incendian vehículos y contenedores de basura, realizan actos vandálicos contra comercios de lujo y edificios en barrios ricos y lanzan piedras contra los cuerpos represivos que usan gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersarlos.
La supuesta “primavera francesa” surge por la misma causa de las “primaveras árabes”, en este caso oculta por el encandilamiento de la “ciudad luz”. Sin embargo no se conoce, hasta el momento, que alguna potencia extranjera haya intervenido en los asuntos internos franceses para atizar la violencia social contra su gobierno, como ocurrió en 2011 en Siria, Egipto y Libia; y mucho menos alguna señal de campaña mediática sobre “violencia represiva”, imposición de “sanciones” en la ONU o petición de que el presidente francés “renuncie” al cargo, como ocurre hoy en Venezuela y Nicaragua.