Zheger Hay Harb
Colombia
Tres segundos alcanzó a estar en libertad el ex comandante de las FARC Jesús Santrich, pero no logró traspasar la última puerta del penal. Allí, en la misma cárcel donde desde hace dos días esperaba que se cumpliera la orden de libertad con que lo había favorecido la Justicia Especial de Paz (JEP) y cuando salía en silla de ruedas, fue recapturado por la Fiscalía General según ha podido conocerse, por supuestos nuevos delitos, distintos a aquellos por los que acababa de recibir la garantía de no extradición.
En los momentos en que esto escribo, un helicóptero de la policía nacional lo ha trasladado desde la puerta de la cárcel hasta los calabozos del búnker de la Fiscalía y, según lo que muy estratégicamente han filtrado a la prensa, la información que ha servido de base para esta captura ha sido proporcionada por el sobrino del ex comandante de las FARC y jefe negociador de esa organización para los Acuerdos de Paz, Marlon Marín, hoy preso en Estados Unidos.
El operativo ha sido un derroche desacostumbrado de fuerza para casos semejantes: cientos de policías rodeaban la cárcel y lo subieron, sentado en la silla de ruedas, al helicóptero; la televisión muestra un Santrich sombrío, diferente al desafiante que siempre habíamos visto. La sorpresa es porque él es ciego, no impedido para caminar; desde este medio día militantes de la FARC y los defensores del ex guerrillero decían que estaba ensangrentado y que no le estaban brindando atención médica; sobre eso el Inpec (instituto a cargo de las cárceles) informó que se había “autolesionado”, sin aclarar si se trató de intento de suicidio; los medios afirmaban que estaba siendo atendido médicamente en la cárcel. Sus abogados dicen que no han tenido acceso a conversar con su cliente, por lo cual la única información de que se dispone es la que el gobierno y la fiscalía quieran filtrar a cuentagotas.
Estos hechos se producen después de tres días, luego de la sentencia de la JEP, en que Estados Unidos ha venido presionando la extradición; el ex presidente Álvaro Uribe ha trinado en ese mismo sentido y ha pedido la abolición del tribunal de paz y desde su partido, el Centro Democrático, ha habido solicitudes de convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
Todo esto ha creado un clima enrarecido y peligroso: la institucionalidad, que debería dar ejemplo de acatamiento de la Constitución y las leyes se muestran decididos a patear todo el andamiaje legal, aceptan de muy buen grado la intromisión del gobierno de Estados Unidos en nuestros asuntos internos pretendiendo dar órdenes a los jueces y un ex presidente de la República, que debería dar ejemplo de republicanismo llama prácticamente al golpe de estado. Desde sus toldas están pidiendo que se declare el estado de emergencia nacional en virtud del cual piensan pasar por encima de las leyes con tal de extraditar a Santrich. En cambio los desmovilizados dan ejemplo de responsabilidad, sin llamados guerreristas, reclamando los derechos de su militante por los cauces democráticos.
El Fiscal General aprovechó la sentencia a favor de Santrich para presentar de manera oportunista y como supuesta protesta su renuncia, lo cual le permite evadir decisiones legales en su contra que lo pondrían en aprietos. Pretende así generar una sensación de caos que aclimate el pedido de estado de emergencia nacional para echar por tierra el Estado Social de Derecho.
Una asamblea constituyente, en un estado de emergencia nacional, no es otra cosa que la instauración de un régimen violatorio de todos los derechos individuales y sociales que han significado un logro hacia el desarrollo civilizatorio del país: van a querer ir contra la acción de tutela de derechos fundamentales y contra el acuerdo de paz que va mucho más allá de las prerrogativas de los desmovilizados por su desarme. En ese pacto se acordó el desarrollo agrario con justicia social, la restitución de tierras a quienes fueron desposeídos y un gran compromiso con la verdad. De reparación a las víctimas ni siquiera podría hablarse en semejante escenario. Lo que estamos viendo es el asomo de la barbarie, el peligro de retrotraernos a tiempos que creíamos superados con la desmovilización de las FARC.
Yo no puedo afirmar si Santrich es culpable o inocente; de lo que sí estoy segura es de que tiene derecho a un juicio imparcial con base en pruebas debatidas libremente en juicio abierto, como ordena la Constitución. Ojalá eso de que hay un avión de la DEA en el aeropuerto militar sea un simple rumor porque eso sí podría tener consecuencias muy peligrosas.
Ojalá posturas como la del Procurador General, en contra de la decisión de la justicia de paz, pero por las vías democráticas, sea lo que se imponga en esta situación de peligro; la providencia de la JEP dice que no pudo autorizar la extradición por falta de pruebas, no que haya probado que Santrich es inocente, lo cual indica que la sentencia puede ser controvertida.
La nueva captura debe ser autorizada por un juez de garantías y en el nuevo proceso, que espero se surta en el país, se debatirá la nueva prueba que a pesar de tenerla desde hace un año, según el dicho de la fiscalía, apenas ahora se presenta, con el fin de desprestigiar a la JEP. Ojalá todo se resuelva por los cauces institucionales, pero me temo que no me queda mucho campo para el optimismo: lo que se oye desde el gobierno, la fiscalía y el partido de gobierno dirigido por el ex presidente Uribe son tambores de guerra.