LOS ANGELES, EE.UU., 16 de julio (AFP/EFE).- Una demanda fue introducida este martes en un tribunal de Estados Unidos contra una nueva normativa del gobierno del presidente Donald Trump que restringe las condiciones para pedir asilo en este país.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights, tres organizaciones que defienden derechos civiles y constitucionales, iniciaron el proceso en una corte federal en California.
La nueva normativa, que entró en vigor este martes, hace que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México no sean elegibles para solicitar asilo.
Estados Unidos solo procesará casos de extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición haya sido denegada en última instancia; quienes entren en la definición de “víctimas de una forma grave de tráfico de personas”; y quienes hayan llegado por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
“La implacable guerra de este gobierno contra los solicitantes de asilo no es sino despreciable”, señaló Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center.
La ley estadounidense permite a cualquier extranjero a pedir asilo sin importar el país de donde venga, al menos que sea considerado seguro, como Canadá por ejemplo. México ya dijo que se negaba a convertirse de facto en un tercer país seguro.
Estados Unidos detuvo un récord de 144,000 inmigrantes indocumentados en la frontera con México en mayo, un pico en 13 años. En junio se ubicó en 104,000, un aumento del 142% respecto al año anterior.
La mayoría son familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también hay mucha gente de Haití y países africanos.
La cantidad de migrantes ha desbordado la capacidad de Estados Unidos para alojarlos y muchos, incluidos niños, permanecen recluidos durante semanas en condiciones denunciadas como miserables.
También la ACNUR
En coincidencia, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) criticó de esta forma la medida que implica que EE.UU. rechazará a partir de hoy las peticiones de asilo de extranjeros que hayan pasado por un tercer país considerado seguro, sin que hayan presentado en éste una petición similar.
La consecuencia de la política anunciada por el presidente Donald Trump será “poner en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por razones que van desde la pobreza hasta la persecución”.
La portavoz de ACNUR, Liz Throssell, recordó que la violencia generada por bandas juveniles, conocidas como “maras” en Centroamérica, llega a proporciones endémicas en ciertos países de la región.
En medio de esta polémica, ACNUR ha reconocido que el sistema de asilo estadounidense está bajo fuerte presión y que los países de la región no pueden sustraerse a su responsabilidad de compartir la carga que genera esta crisis migratoria.
En esta perspectiva lanzó hace tres semanas un llamamiento a los países latinoamericanos para que se reúnan con carácter de urgencia y acuerden una respuesta que sea coordinada y coherente, pero esta invocación ha sido desoída.
La medida migratoria de Trump recae en gran medida en la consideración como “seguros” de México o Guatemala, países de tránsito de los migrantes salvadoreños, hondureños y de otras nacionalidades, incluidos guatemaltecos, que intentan llegar a EE.UU.
Los expertos creen que este es su punto débil en caso de que la medida sea llevada a los tribunales estadounidenses, puesto que difícilmente puede considerarse a esos dos países como seguros para los migrantes.
Throssell lo reconoció a media voz cuando se le recordó que los migrantes que son devueltos por EE.UU. a México, mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo, se encuentran en algunas de las regiones más peligrosas del país, como Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas.
“Nos preocupa porque algunas áreas a los que están siendo retornados los solicitantes de asilo son muy violentas en México, cuyas autoridades deben asistir y proteger a los retornados”, dijo la portavoz.
Con ese fin sostuvo que se debería considerar trasladarlos a zonas más seguras en México mientras esperan la decisión sobre el asilo.