Zheger Hay Harb
El jueves nos despertamos los colombianos con el anuncio de la creación de una supuesta guerrilla conformada por algunos excomandantes de las FARC encabezados por Iván Márquez, exjefe negociador de esa organización, quien participó en el diseño del acuerdo que ahora busca desconocer.
Lo acompañan Santrich, El Paisa, Romaña y otros menos conocidos. Del primero no sorprende la decisión pero nunca se pensó que su cinismo e irresponsabilidad llegara hasta el punto de patear de esa forma al sistema de justicia especial y las organizaciones sociales que dieron una dura pelea por defender el debido proceso en su caso por lo cual debieron soportar acusaciones de complicidad por parte de la derecha encabezada por el expresidente Uribe. Nadie afirmaba su inocencia sino su derecho a que se le respetara el derecho a un juicio justo en un proceso en que había serios indicios de participación en el tráfico de drogas después de la firma del acuerdo de paz pero no plena prueba.
Por eso no puede asegurarse que no hayan tenido garantías jurídicas; por el contrario, tanto la Justicia de Paz (JEP) como la jurisdicción ordinaria hicieron grandes esfuerzos para defender su derecho a un juicio imparcial que desembocaron en su excarcelación, el derecho a posesionarse en su curul y la posibilidad de movilizarse libremente como lo demuestra el hecho de que hubiera podido viajar hasta el Espacio Transitorio de Reinserción (ETR) desde donde salió con destino desconocido.
El hecho de que Márquez huyera apenas se conoció el video que incrimina a Santrich en el que aparece haciendo una dedicatoria a Rafael Caro, el capo del narcotráfico mexicano que ayudó a Estados Unidos y los contra nicaragüenses con trueque de armas por cocaína puso en entredicho su presentación como víctima temerosa de falta de garantías jurídicas.
En cuanto a las sospechas sobre Santrich baste saber que cuando pudo posesionarse en el Congreso luego de obtener su libertad, congresistas de izquierda que han defendido el proceso de paz lo recibieron de pie con carteles en los que se leía Paz sí, Santrich no.
En cuanto al Paisa, su rearme significa una burla cruel a las víctimas de su atentado con carro bomba al Club el Nogal en el que murieron 36 personas y 200 quedaron heridas, algunas con secuelas permanentes y que sin embargo han hecho declaración expresa de apoyo a la paz y de perdón a sus victimarios.
En la declaración farragosa y altisonante con el tono que acostumbra Márquez no hay ninguna referencia a los miles de ex guerrilleros que se encuentran en los ETR que ellos mismos dirigieron y que de un día para otro abandonaron. Son más de 11,000 los que se han sometido a la JEP y que han iniciado una nueva vida en paz.
Tampoco hay ninguna mención a las víctimas. La siempre recordada canción del “Quizás, quizás, quizás” con que Santrich le respondió al periodista que le preguntaba si iban a reconocerlas cuando se iniciaban los diálogos en La Habana, indica la estima en que las tenía. Cuando se realizó la ronda para pedir perdón por las masacres realizadas por las FARC, Iván Márquez se limitaba a leer documentos con su lenguaje ampuloso en que no mostraba arrepentimiento alguno y atribuía todo a la degradación de la guerra como si no tuviera ninguna responsabilidad. La actitud serena de Pablo Catatumbo evitó que esos encuentros se volvieran un bumerang contra las recién desmovilizadas FARC.
Desde luego esas prácticas son producto de la degradación de todos los actores de una guerra que se prolongó demasiado. Ello explica que personas que se alzaron en armas persiguiendo ideales de justicia y equidad acabaran contradiciéndolos con sus acciones. Pero eso no los exculpa: por eso en el acuerdo de paz se comprometieron a pedir perdón a sus víctimas y repararlas.
Timochenko, rodeado de los demás ex jefes de la guerrilla que hoy adelantan trabajo político por medios democráticos dijo en respuesta a la decisión de Iván Márquez y sus acompañantes: “Manuel Marulanda nos enseñó a cumplir la palabra, y nuestra palabra es paz y reconciliación”. Ya lo había dicho cuando Márquez y Santrich se fugaron: la responsabilidad de quien incumpla lo acordado será individual.
La JEP anunció de inmediato que inició el proceso de exclusión de Márquez y compañía de todos los beneficios contemplados en la jurisdicción de paz.
La primera reacción del gobierno fue aceptar la evidencia de que la gran mayoría de los desmovilizados está cumpliendo y anunció que la respaldarán. Eso ha hecho que los organismos internacionales, la comunidad internacional, los gremios económicos y los medios de comunicación le hayan manifestado su apoyo poniendo en segundo lugar su tibieza –por decir lo menos- en el cumplimiento de los acuerdos. Como ha ocurrido antes en tantas ocasiones, los violentos contribuirán a subir los índices de aceptación de Duque que hoy se encuentran por el suelo en menos de 30%. No podía faltar la acusación al gobierno de Venezuela, en lo cual la torpeza de Maduro hizo su aporte cuando en el Foro de Sao Paulo el pasado mes de julio apareció dándoles un abrazo de bienvenida en momentos en que la JEP ya les había iniciado incidente de incumplimiento.
Por su parte el ex presidente Uribe, cuyos índices de favorabilidad antes pasaban de 80% y hoy, luego de que la Corte Suprema lo llamara a indagatoria dentro de un proceso penal, llegó a un rechazo del 61%, apenas conocido el video de la nueva banda comandada por Márquez trinó que hay que bajar los acuerdos de la Constitución, perseguir a esos bandidos y acabar la JEP. Lo primero que hay que decirle es que el acuerdo no está en la Constitución porque esa fue una de las concesiones que les hicieron a él y su fanaticada luego de que se perdió el plebiscito por la paz, pero no les bastó porque estaban pensando en las siguientes elecciones que pretendían ganar con la misma fórmula de odio y mentiras contra la paz.
De todo esto queda una opinión mayoritaria de apoyo al proceso de paz: editoriales de los medios de comunicación, analistas políticos de izquierda y centro, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general coinciden en esa tendencia.
Sin embargo no hay que ser triunfalistas: Iván Márquez está buscando aliarse con el ELN y unirse con las disidencias de las FARC y muy posiblemente intentarán reclutar antiguos guerrilleros. Ante esto el gobierno debe fortalecer la atención de los desmovilizados, garantizar su protección -que hasta ahora ha sido escasa- y cumplir integralmente el acuerdo de paz, simultáneamente con la actuación decidida de la fuerza pública para combatir las disidencias y bandas criminales, con respeto al Derecho Internacional Humanitario, sin falsos positivos y atacando la corrupción interna en la fuerza pública.
Es positivo que se haya acabado la ambivalencia en cuanto a Santrich y Márquez para que quede clara la diferencia entre quienes con pretextos supuestamente patrióticos encubren razones turbias y la mayoría de los ex guerrilleros acogidos bajo la dirección del nuevo partido FARC comprometidos en construir la paz.