Pedro Díaz Arcia
El poder necesita del sistema que lo sustenta, así como el sistema necesita del poder que lo representa. Mientras el Estado actúa dentro de las reglas establecidas para mantener el estatus quo. La oposición gestada desde las filas demócratas contra el gobierno autocrático de Donald Trump estalló ante la inminente apertura de un impeachment contra el presidente; que, de afectar el orden institucional, no implicará cambios en su proyección geopolítica.
La acusación fue anunciada por la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al afirmar que el mandatario traicionó a la Constitución, a la seguridad nacional y al sistema electoral al pedir a un gobierno extranjero que investigara a Joe Biden, entre los aspirantes favoritos para ganar las primarias demócratas de 2020.
Kevin McCarthy, al frente de la minoría republicana en el órgano legislativo, lo calificó de “día negro para Estados Unidos”. Podría ser una fisura mucho mayor en la polarización y su división interna.
Para lograr la destitución de un presidente existen dos vías: por “incapacidad para el puesto”, recurriendo a la Vigésimo Quinta Enmienda; o al precepto constitucional previsto en el Artículo II, Párrafo 4, que contempla interponer una demanda por “traición, soborno o cualquier otro delito y conducta”.
Si los demócratas se hubiesen amparado en el Artículo 25 para la destitución, aludiendo inhabilidad, el petitorio tendría que recibir la ratificación del Gabinete y del vicepresidente; algo absurdo. Pero en este caso, basan la demanda en el precepto constitucional del Artículo II; o sea, que irán al Senado con fundamentos de carácter ético-políticos.
Aunque el pliego de demandas aumentará debido al trabajo de comisiones del Congreso que continúan investigaciones respecto a otras presuntas violaciones por parte del magnate; la perspectiva de un descalabro gubernamental es más pesimista que reservada.
Según los últimos informes, la Cámara de Representantes contaría con los votos suficientes, al menos 218, para elevar al Senado la apertura del juicio político.
Mientras los republicanos se lanzaron de inmediato a una colecta de fondos para la campaña venidera; un nuevo agravante apareció en escena: Joseph Maguire, director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, al comparecer ante la Cámara Baja el jueves dijo “No soy partidario, no soy político”; y aclaró que cuando vio la denuncia del informante anónimo supo que “era un asunto serio”. The Washington Post informó que Maguire estaba dispuesto a renunciar si la Casa Blanca intentaba bloquear su comparecencia.
El juicio político comenzará en el Senado bajo la conducción del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En sus sesiones los miembros de la Cámara de Representantes actuarán como fiscales y el Senado como jurado. Si 67 senadores votaran contra Trump: sería el primero en la historia de la nación, en salir por la puerta trasera de la Casa Blanca. Para ello, tendrían que incorporarse a la “revuelta” casi una veintena de diputados republicanos. Pero no veo en el horizonte una “estampida” de esa naturaleza.
Cuando en 1999 los republicanos llevaron a juicio político a Bill Clinton, la mayoría demócrata en el Senado, por mucho, los dejó en la estacada. Ahora, por el contrario, la ecuación se ha invertido, los demócratas dominan la Cámara Baja, pero tienen minoría en el Senado. Así están las cosas. Y un dramático relevo de postas quizá sería como cambiar las correas al caballo.