El crecimiento de las sanciones de Estados Unidos a países, empresas, personas, incluso buques, ha visibilizado a la entidad encargada de administrar tales medidas. Se trata de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, creadora de las listas de “Nacionales Designados” que constituyen instrumentos de control mundial.
La Lista de Nacionales Designados es una relación de países, entidades, personas, incluso buques, sancionados por los Estados Unidos. Entre tanto la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista Clinton) incluyó a narcotraficantes. Desde 2016 la Ley Magnitsky permite agregar a personas relacionadas con corrupción o abusos de derechos humanos, siempre a partir de los criterios de Estados Unidos.
Además de las sanciones asociadas a la política exterior de Estados Unidos, la OFAC se ocupa de la persecución del “lavado de dinero”, un delito en el que incurren privados y entidades, consistente en desplazar dinero de actividades ilegales a operaciones legítimas.
Las listas de la OFAC recuerdan al “Triangulo de las Bermudas”, quien entra en ellas, en materia de negocios (“business”), desaparece, muchas veces para siempre. De hecho, se trata de una sanción impuesta administrativamente y en ocasiones arbitrariamente, y muchas veces políticamente motivadas.
A pesar de no ser formalmente acusados ni juzgados, a las personas o entidades enlistadas, no les está permitido viajar a Estados Unidos, o realizar negocios con firmas o ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo, generalmente sus activos son bloqueados, y se les aplican elevadas multas. Para la OFAC no funciona la presunción de inocencia, ni el debido proceso. Los perjudicados pueden reclamar, aunque la oficina no está obligada a responder, y sus sanciones no tienen límites de tiempo.
Debido a que las listas son públicas, los bancos, entidades financieras, y agencias de viajes, ante cada operación verifican si sus clientes están en ellas, lo cual implica que, aun cuando no sean norteamericanas ni residan en Estados Unidos, las personas fichadas por la OFAC suelen ser molestados, sometidos a chequeos y revisiones en otros países, incluso en los propios. Conozco el caso de una persona con igual nombre y apellido de uno incluido en la lista, al que se le ha impedido tomar un avión.
Respecto a Cuba, la tarea de la OFAC es más sencilla, porque tratándose de un país al que desde hace 57 años se le aplica un bloqueo político, económico, comercial, financiero, y cultural total, las sanciones se ejercen “de oficio”. Basta que la OFAC se percate de que alguna persona o entidad negocia con Cuba para que, discrecionalmente, pueda incluirla en alguna de sus listas. Instituciones de Suiza, Alemania, y decenas de países que no están sancionados por Estados Unidos han sido multadas. Ocurre así porque, entre otras cosas, desde marzo de 1961 se aplica a la isla la “Ley de Comercio con el Enemigo”.
En este caso se aplican además las especificaciones de las leyes Torricelli y Helms-Burton, que han codificado las medidas contra la Isla, que en determinados casos se hacen extensivas a quienes comercien o colaboren con ella.
A Cuba se le han fijado las multas más altas. El record es la impuesta en 2014 al banco francés BNP Paribas, que ascendió a 963 millones de dólares. Entre 1994 y 2003 la Oficina recaudó más de 8 millones de dólares por violaciones del embargo cubano, y menos de 10,000 por trasgresiones en el financiamiento al terrorismo. La OFAC dedicaba diez veces más agentes a controlar el bloqueo a la Isla que a perseguir las finanzas de Osama Bin Laden.
La OFAC tiene atribuciones para otorgar exenciones. Así ocurrió durante la administración de Barack Obama, cuando se emitieron licencias de viajes a Cuba para varias categorías de personas, se autorizó el viaje de los cruceros y otras operaciones puntuales. De cierto modo, amparada por la autoridad ejecutiva del presidente, la OFAC pudiera levantar el bloqueo o casi todo.
En septiembre de 1962 Estados Unidos creó una “lista negra” de buques a los que se les prohibía entrar a puertos estadounidenses luego que hubieran tocado puertos cubanos, y recabó el apoyo de sus aliados para aplicar la medida de modo universal, muchos respondieron afirmativamente.
Después de que el presidente Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas con la Isla y admitió el fracaso de la política de bloqueo, no existe ninguna justificación política, excusa jurídicamente sostenible, ni argumento moralmente aceptable para el bloqueo a Cuba que, si bien no ha conseguido el objetivo estratégico de derrotar a la Revolución, causa penurias y obliga a los cubanos a una resistencia que Felipe González calificó de “numantina”.
El destino de los cubanos no será el de los numantinos. Allá nos vemos.