(Zheger Hay Harb)
El juzgado 61 administrativo de Bogotá acaba de condenar al Estado por el homicidio en estado de indefensión de dos personas protegidas (ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos) presentado por el ejército como bajas en combate.
Aunque en el acuerdo de paz se concibió la Justicia Especial de Paz (JEP) para juzgar los delitos que se hubieran cometido en el marco del conflicto armado interno, la justicia ordinaria no pierde su competencia para juzgar los que aún no haya asumido la justicia transicional.
Fue un crimen cometido en 2007 contra dos campesinos, padre e hijo menor de edad, por el cual (y otros más) está detenido el general ® William Torres Escalante. Los asesinos pertenecían a un comando elite adscrito a la Brigada 16 del ejército nacional bajo su mando. El juzgado dispuso que el comandante de las fuerzas militares deberá pedir perdón en nombre del ejército en ceremonia pública en presencia de la familia de las víctimas en Aguazul (Casanare), ciudad cercana al lugar donde se perpetró esta atrocidad.
El juzgado envió copia del expediente al Archivo General de la Nación para que contribuya a “la construcción de la memoria histórica que permita consolidar el proceso de paz”. El caso es especialmente importante porque involucra al ex comandante del ejército Torres Escalante quien, como en general los militares acusados por estos casos, proclama su inocencia y porque pone a disposición del público en general y de las víctimas -y por supuesto de la JEP- la información.
El juzgado había adelantado en su totalidad la etapa de juicio a Torres Escalante hasta cuando éste decidió someterse a la JEP -que todavía está estudiando si lo acepta- y se vio obligado así a concluir el proceso únicamente contra el teniente Marco Fabián García Céspedes, comandante para la época de los hechos del Grupo Especial Delta 6 que cometió los asesinatos, quien confesó los truculentos detalles de la ejecución en estado de total indefensión de los dos campesinos y fue condenado a 26 años de cárcel.
Según él, su grupo salió a la operación por órdenes de Torres Escalante con el encargo de que las víctimas fueran presentadas como positivos en la lucha contra la guerrilla. Dice que llegaron a la casa de los campesinos, quienes negaron ser guerrilleros; (entonces) “Yo le digo al soldado Arteaga que hay que darlos de baja. El me dice que le dispara a (Roque) Julio (el padre), yo le digo que le disparo al otro….procedo a utilizar el arma mía, donde le hago una ráfaga disparando hacia el cuerpo de él. Consecutivamente el soldado Arteaga dispara también sobre el joven Roque. Se procede inmediatamente a realizar un combate ficticio donde se disparó a diferentes partes de ese sector, se procedió a colocarle las armas al señor Torres y al joven Roque algunas granadas…me le presento al (en ese momento) coronel Torres (Escalante), felicitándome por las bajas en combate. Procedí a comentarle cómo fueron los hechos y me manifestó que no había ningún problema”. Medicina legal encontró 16 orificios producidos por armas de fuego en el cuerpo del padre.
El crimen fue para silenciar al chico que denunció ante el juzgado 45 de instrucción criminal que militares de la Brigada 16 habían cometido los homicidios de dos campesinos de la región en octubre de 2005 y agosto de 2006 y con ello selló su sentencia de muerte. A partir de ahí comenzaron los militares a hostigarlos; llegaban a su casa en grupos a veces de 15 pretextando requisas en busca de armas y amenazándolos con que “caerían solitos”. Como siempre ocurre, porque este caso obedece a un guión que se cumple en muchas ejecuciones extrajudiciales, la familia tuvo que vender casi regalada su parcela y salir desplazada, por lo cual el juzgado decidió que debían ser indemnizados.
También siguiendo un patrón bien conocido, luego del crimen los militares siguieron hostigando a la familia y a los campesinos de la zona para descubrir quién fue el “sapo” que informó de los hechos a las ONG de Bogotá.
El condenado García Céspedes confesó y sus declaraciones obrarán en el proceso contra el general Torres Escalante, primero de ese nivel que se somete a la JEP a ver si se sostiene su afirmación de inocencia. La sección de apelaciones de la jurisdicción de paz ratificó la negativa de concederle el beneficio de excarcelación sin haber cumplido 5 años privado de la libertad como estipula la ley y ratificó que “los militares que pretendan acceder a ese beneficio deben cumplir con el requisito de que hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”.
La ley establece que para que los militares puedan acceder al beneficio de excarcelación deben haber cumplido por lo menos cinco años de prisión, pero en este fallo introdujo un nuevo concepto: “verdad extraordinaria”. 10,000 ex guerrilleros de las FARC y 2,126 miembros de la fuerza pública se han sometido a este tribunal pero es la primera vez que se emplea este término.
En otras palabras, el general podría acceder a su libertad condicionada aún antes de cumplir dos años de prisión si entrega verdad exhaustiva, importante, temprana y extraordinaria sobre lo que conozca acerca de los falsos positivos en cuanto lo involucre a él y a otros miembros de la dirección de la fuerza pública. “En los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”.
Este es un bocado fácilmente apetecible para tantos militares con rango de oficiales que se han sometido a la JEP diciendo que van a contar la verdad pero que no reconocerán ninguna culpa ni pedirán perdón. ¿Creerán que una burla semejante será aceptada por la justicia de paz, sus víctimas y el país que espera conocer lo ocurrido en esta guerra tan degradada en que todos sus actores llegaron a extremos de deshumanización?