Adriana Robreño
Que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un antidemocrático ya lo sabíamos; pero que alentara una protesta contra el Poder Legislativo y el Judicial ya es demasiado. El mandatario ha puesto en marcha un golpe de Estado, aunque a muchos les cueste creerlo.
El país se estremeció cuando el ultraderechista admirador de la dictadura militar divulgó a través de las redes sociales la semana pasada un video donde apoyaba manifestaciones convocadas para el próximo domingo 15 de marzo contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). El presidente atentó así contra la Constitución Federal; sin embargo, hasta ahora nadie ha hecho la denuncia formal por cometer crimen de responsabilidad.
La magistrada Carmen Lucia, de la Corte Suprema, envió este martes un mensaje al mandatario donde señala la posibilidad de un juicio político: “Los funcionarios públicos que ocupan cargos en los órganos superiores de todos los poderes tienen el deber constitucional de no contribuir a la falta de armonía. Si la Constitución determina la armonía, la falta de armonía es inconstitucional”, manifestó la jueza.
Pero ¿por qué Bolsonaro quisiera anular los otros poderes? ¿Busca el mandatario una brecha para implantar una dictadura?
Recientemente, el Legislativo rechazó que el gobierno dispusiera de manera discrecional de 30 mil millones de reales. Al parecer queda algo de sensatez en los parlamentarios brasileños, quienes de cierta forma han hecho resistencia a las barbaridades del gobierno, en especial a asuntos relacionados con las garantías constitucionales, las cuales son violadas sistemáticamente.
Ante esa negativa, el general retirado Augusto Heleno, consejero y ministro de Seguridad Institucional, convocó a la manifestación antidemocrática que luego apoyó el ex capitán que ahora dirige el Ejecutivo brasileño.
Entretanto, centrales sindicales, movimientos sociales y feministas, defenderán el Estado democrático de Derecho con diversas acciones en el mes de marzo en respuesta a la convocatoria tan irracional proveniente por parte de un Jefe de Estado. Habrá entonces manifestaciones el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; el 14 de marzo, cuando conmemoran el segundo aniversario del asesinato de la concejala de Río de Janeiro y defensora de los derechos humanos Marielle Franco; y el 18 de este mismo mes los funcionarios públicos protestarán contra la reforma del sector administrativo impulsada por el ministro de Economía, Paulo Guedes.
Para Wagner Gomes, líder de la Central de Trabajadores de Brasil, si la sociedad no reacciona para que Bolsonaro sienta la resistencia, hará cosas peores. “Su hijo defendió el AI-5 (regla que permitió el cierre del Congreso en la época de la dictadura militar) y otras propuestas antidemocráticas. El presidente quiere acostumbrar a los brasileños a escuchar esas cosas que son repudiables”, consideró el sindicalista.
Las declaraciones de apoyo del presidente a las manifestaciones contra el Congreso y el STF, de las cuales luego se retractó, envían un claro mensaje; cada vez es más evidente que Bolsonaro y el grupo que lo rodea pretenden implantar una política en el país de una sola mano.
Además, esto ocurre mientras el gobernante se rodea cada vez más de generales y otros oficiales de las Fuerzas Armadas en los ministerios, reemplazando progresivamente a políticos y técnicos civiles en el Gobierno con militares, o subordinando a civiles a hombres uniformados en las estructuras gubernamentales.
Es por eso que si la marcha se ejecuta, probará la fuerza de la corriente bolsonarista y, de acuerdo con los resultados, sería capaz de implantar una radicalización de su política contra la democracia, a favor de una dictadura implantada mediante un golpe que mantenga al neofascista en el cargo sin nadie que obstaculice sus decisiones desequilibradas.