Zheger Hay Harb
Eso afirmó el ex comandante de las FARC Carlos Antonio Lozada en respuesta al cuestionamiento que desde distintas vertientes le han hecho a la dirigencia de esa guerrilla por su versión ante la Justicia Especial de Paz (JEP) en lo referente al secuestro.
Dice Lozada que así como la delincuencia común secuestraba y les entregaba sus víctimas a ellos, en ocasiones era el ejército el secuestrador y hacía aparecer como responsable a la guerrilla. Eso, cuando, según él, era la fuerza pública la responsable directa porque en otros casos cooperaban con las FARC para la comisión de los secuestros.
No es la primera vez que se oye hablar de esto. Guillermo “La Chiva” Cortés (chiva en el argot periodístico colombiano es la noticia exclusiva) empresario y periodista muy conocido, fue secuestrado en su finca de recreo en el año 2000. En 2014 una periodista publicó el relato que él, luego de vencer el temor, le hizo sobre lo que vivió en el tiempo de su cautiverio, con la condición de que lo publicara luego de su muerte.
Cuenta que en una ocasión la guerrilla se detuvo por un tiempo inusual; extrañado, le preguntó a una guerrillera qué ocurría y ésta le respondió que el ejército los tenía rodeados y que el capitán no se quería transar. Cuando se reanudó la marcha le dijo que ya todo estaba solucionado, que habían logrado arreglar con el oficial.
Esta declaración de Lozada posiblemente busca mitigar los cuestionamientos que su versión del secuestro ha generado en espacios tan distintos como la extrema derecha, lo cual era de esperarse, los de ex secuestrados y aún en analistas que resaltan el buen comportamiento de los desmovilizados después de la firma del acuerdo de paz.
Varios de los ex cautivos indignados por la presentación de su caso por la ex guerrilla han apoyado el proceso de paz y a la JEP como tribunal derivado de él. La más conocida por su figuración internacional, Ingrid Betancourt ha dicho: “Yo diría que ninguno de nosotros puede darle un cheque en blanco a nadie, no podemos decir que tenemos fe ciega en la JEP”, aunque matiza reconociendo que es un proceso y que “es muy temprano para decir que la JEP no está funcionando… El tribunal tiene una responsabilidad que es la de impartir justicia, nosotros como víctimas queremos que nos den garantías”.
Esa crítica se suma a otras que se han acumulado hasta crear una situación difícil para ese tribunal: la comparecencia del general ® Mario Montoya, condenado en la justicia ordinaria por falsos positivos, en la cual se declaró inocente y atribuyó toda la culpa a los soldados rasos por pobres “que no saben usar los cubiertos ni el baño” ha despertado una ola de indignación.
El reciente pronunciamiento de la JEP declarando que el atentado contra la Escuela militar mediante un carro bomba es un ataque válido dentro de las normas del Derecho Internacional Humanitario -DIH- así como la absolución de la llamada Mata Hari, autora material del hecho, ya condenada a 27 años de prisión en la justicia ordinaria, ha sido controvertido aún por amigos del tribunal como la senadora Juanita Goebertus, asesora de la mesa de negociación de La Habana, porque ahí se educaban civiles; la ubicación anexa de la Universidad Militar, también un espacio educativo, agrega una complejidad al caso que admite miradas diferentes.
No menos problemático es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, víctima innumerables veces de la acción de paramilitares que actuaron apoyados por la fuerza pública con un saldo de ocho asesinados, cuatro de ellos niños, de retirar su caso de la JEP y trasladarlo a la justicia ordinaria y que se restablezcan las órdenes de captura. El 30 de diciembre de 2019, la JEP asumió la competencia en los casos contra tres militares del Ejército Nacional que fueron condenados a 34 años de prisión por la masacre de San José de Apartadó y ordenó suspender su captura que había dictado la Corte Suprema de Justicia.
El caso de Santrich que tanto tiempo estuvo en la JEP sin decisiones es otro que pesa en los cuestionamientos a esta jurisdicción hasta el punto de que el senador Iván Cepeda, caracterizado líder de izquierda, ha dicho que se arrepiente de su defensa de este ex comandante.
Montoya es el más conocido de los militares acusados de falsos positivos, pero dista de ser el único: varios militares más dicen someterse a la JEP pero para defender su inocencia, en casos sobre los cuales hay pruebas públicamente conocidas.
La JEP fue creada en el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC como un tribunal de justicia transicional, única forma posible de acabar con 60 años de guerra y de lograr la desmovilización de un actor del conflicto que no logró ser vencido. Fue una desmovilización hecha con el propósito de resarcir a las víctimas, conocer la verdad de lo ocurrido en esta guerra tan degradada y dar a los desmovilizados la posibilidad de participar en política para conseguir con los elementos de la democracia lo que no lograron por las armas.
El proceso de paz y los instrumentos que creó, como la JEP, son imperfectos pero los mejores dentro de lo posible. Como siempre se ha dicho, es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta.
Contra las decisiones de este tribunal caben los recursos de ley, como la apelación que actualmente tramitan la senadora Goebertus y su bancada; de ninguna manera una decisión no compartida puede implicar el llamado a eliminarlo como pretenden el senador Alvaro Uribe y sus acólitos de la extrema derecha que saltan cuando no comparten una decisión favorable a la guerrilla pero callan cuando los militares pretender burlar la justicia.
La experiencia parece demostrar que llegaremos a la verdad mediante aproximaciones sucesivas: las declaraciones de Lozada y la actitud de los demás miembros del ex secretariado de las FARC indican su disposición a avanzar en ese sentido.
Esperamos que por el lado de los militares la presión social y la exigencia de la JEP los obligue a avanzar por el mismo camino y que este tribunal todavía muy reciente pueda mostrar muchos más resultados efectivos que los muy importantes hasta ahora logrados para rodear a la paz del acompañamiento social que la haga efectiva y duradera como se pactó.