Una fuerte controversia se desató en Estados Unidos luego de que congresistas demócratas acusaran al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de presunto homicidio y crimen de guerra.
La acusación surge tras un reportaje de The Washington Post, que reveló que el Pentágono habría ordenado un segundo ataque aéreo contra una embarcación en el Caribe, con el fin de eliminar a los sobrevivientes del primer bombardeo.
Según el medio estadounidense, después del primer impacto, los comandantes observaron que dos tripulantes permanecían con vida, aferrados a los restos del barco. Sin embargo, la instrucción habría sido clara: “matar a todos”, presuntamente atribuida directamente a Hegseth.
Legisladores exigen responsabilidad y una investigación inmediata
El congresista Sam Liccardo, representante de California, afirmó que si las acusaciones se confirman, el secretario de Defensa debería ser considerado “plenamente responsable de homicidio”.
Su postura fue respaldada por otros legisladores que calificaron el segundo bombardeo como “injustificable” y “contrario al derecho militar”.
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Otro congresista, Ted Lieu, señaló en X que ni el memorando de la operación ni las normas castrenses autorizaban atacar nuevamente cuando los sobrevivientes ya no representaban una amenaza.
“Si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra”, advirtió.
Congreso solicita información al Pentágono
Ante la polémica, miembros republicanos y demócratas informaron en un comunicado conjunto que solicitaron información oficial al Departamento de Defensa sobre el operativo.
Adelantaron que el Comité correspondiente realizará “una supervisión rigurosa” de lo sucedido en el área de responsabilidad del SOUTHCOM, el Comando Sur de Estados Unidos.
Mientras tanto, Hegseth defendió el primer ataque al señalar que las operaciones en la región están diseñadas como “bombardeos cinéticos letales” y dirigidas a presuntos narcotraficantes.
No obstante, las acusaciones se centran en el supuesto segundo ataque, dirigido a personas que ya no podían defenderse.
Crece la presión política y mediática
La revelación ha encendido un debate sobre los límites del uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos en operaciones militares. Legisladores advirtieron que el caso podría escalar a instancias internacionales si se confirman los hechos.
“Los estadounidenses serán juzgados por esto, ya sea como crimen de guerra o asesinato a sangre fría”, sentenció Liccardo.
El caso podría convertirse en uno de los desafíos más serios para el gobierno estadounidense en materia de responsabilidad militar y transparencia operativa.
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