El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó la deportación de ocho migrantes acusados de cometer delitos graves, entre ellos un ciudadano mexicano, luego de semanas de retraso por disputas legales que fueron resueltas gracias a un fallo de la Corte Suprema.
A través de un comunicado, la subsecretaria de Relaciones Públicas del DHS, Tricia McLaughlin, celebró la deportación y criticó los obstáculos judiciales que, según la dependencia, impidieron durante semanas la expulsión de estas personas.
“Estos criminales violentos eran tan peligrosos que incluso sus países de origen se resistían a aceptarlos”, afirmó.
Entre los deportados se encuentra Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano detenido en Texas el pasado 12 de mayo, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y una sentencia de cadena perpetua.
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El DHS aseguró que todos los migrantes expulsados representaban una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública.
El grupo de deportados incluye además a dos ciudadanos de Cuba, uno de Laos, dos de Burma (Myanmar), uno de Sudán del Sur y uno de Vietnam. Todos fueron enviados a Sudán del Sur, aunque las autoridades aclararon que ese país no será necesariamente su destino final de custodia.
Las deportaciones se concretaron en el marco de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que ha endurecido las acciones contra migrantes acusados de delitos.
El gobierno estadounidense denunció que “jueces activistas” retrasaron el proceso, lo que incluso, afirmaron, puso en riesgo al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Hasta el momento, no hay una postura oficial por parte de los abogados de los deportados, pero se prevé que presenten recursos legales en cortes federales. El caso ha generado polémica por las condiciones de traslado y el destino final de los migrantes deportados.
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