El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumirá el control federal del Departamento de Policía Metropolitana (MPD).
La decisión, comunicada desde la Casa Blanca, se basa en lo que Trump calificó como una situación de “emergencia de seguridad pública” y un aumento de la criminalidad.
“Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado o asesinado”, afirmó, señalando que la ciudad enfrenta problemas graves de homicidios, robos y secuestros de vehículos.
Disputa por las cifras de criminalidad
Las declaraciones de Trump contrastan con los datos oficiales de la policía local, que reportan una reducción del 7 por ciento en los delitos totales y una disminución del 12 por ciento en homicidios en lo que va del año.
La alcaldesa demócrata Muriel Bowser negó un repunte de la delincuencia y calificó la intervención como innecesaria.
Aun así, Trump insiste en que Washington D.C. es “una de las ciudades más peligrosas” y ha prometido eliminar los campamentos de personas sin hogar y expulsar a las bandas criminales.
Plan de acción de la Casa Blanca
El paquete de medidas incluye:
- Declaratoria oficial de emergencia de seguridad pública.
- Nombramiento de la fiscal general Pam Bondi al frente del MPD.
- Refuerzo de agentes federales y del FBI en las calles.
- Operativos para desmantelar grupos criminales y desalojar asentamientos.
La Ley de Autonomía de 1973 permite al presidente tomar el control de la policía local por un máximo de 30 días en situaciones extraordinarias, aunque hasta ahora ningún mandatario había utilizado esta facultad.
Reacciones y contexto político
El anuncio ha provocado un choque con autoridades locales y legisladores demócratas, quienes acusan a Trump de sobrepasar sus poderes.
La medida también ha generado comparaciones con su actuación durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando se le cuestionó no desplegar la Guardia Nacional.
Para Trump, sin embargo, la intervención es necesaria para “recuperar la capital” y garantizar la seguridad de sus habitantes. El debate ahora se centra en si el Congreso permitirá prolongar el control federal más allá del límite legal.
IO
