Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunciaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que su cliente enfrenta condiciones de maltrato “extremo” en la prisión de Estados Unidos donde se encuentra recluido.
De acuerdo con César de Castro y Valerie Gotlib, defensores del exfuncionario, García Luna lleva meses sin acceso a documentos legales relacionados con su proceso judicial, situación que ha limitado su participación en la preparación de su apelación.
En una carta enviada el pasado 31 de julio, los abogados relataron que apenas lograron comunicarse con su cliente después de múltiples intentos desde enero.
En esa conversación, García Luna aseguró que no ha podido acceder a transcripciones del juicio, ha sido privado de ducharse y afeitarse de manera regular, y que incluso se le niega el uso de cubiertos para comer.
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Pérdida de peso y condiciones de aislamiento
La defensa aseguró que García Luna se encuentra recluido en una unidad especial de castigo, a pesar de que no tiene sanciones disciplinarias en su expediente. Según la denuncia, solo ha recibido un par de ropa interior y ha perdido alrededor de 14 kilos desde diciembre de 2024.
El exfuncionario está actualmente en una prisión de Oklahoma, tras haber sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde permanece Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Condenado a 38 años por narcotráfico
En octubre de 2024, García Luna fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, luego de que testigos lo señalaran de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Los abogados advirtieron que la falta de acceso a su cliente ha dificultado de manera severa la preparación de su apelación. “En ocho meses, solo hemos tenido tres horas de comunicación con él”, afirmaron en la misiva, en la que subrayaron que García Luna quiere tener un papel activo en su defensa.
Con estas denuncias, su equipo legal busca que se revisen las condiciones de reclusión y se le garantice un trato conforme a los derechos humanos y al debido proceso.
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