
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó un informe clave sobre la reciente sentencia civil emitida en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Ambos fueron condenados a devolver al Gobierno de México sumas multimillonarias obtenidas ilícitamente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La jueza estadounidense a cargo del caso determinó que los implicados deberán pagar un total de 748.8 millones de dólares, resultado de operaciones fraudulentas derivadas de 30 contratos asignados entre 2009 y 2018 en dependencias como la Policía Federal y el sistema penitenciario. Estos contratos suman más de 625 millones de dólares, según detalló Gómez.
El informe destaca que los bienes asegurados, incluyendo propiedades en Florida a nombre de los condenados y de sus empresas, ya están en posesión del gobierno mexicano. Algunos de estos activos han sido vendidos, mientras que otros están bajo administración oficial.

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Gómez subrayó que este proceso representa un hito en la lucha contra la corrupción transexenal y una oportunidad histórica para comprender los esquemas de saqueo del erario.
Recalcó que no se trata únicamente de la responsabilidad de una administración, sino de una continuidad en la corrupción de alto nivel a través de distintos gobiernos.
Además, informó que se espera una nueva sentencia en breve sobre un proceso paralelo en la misma corte, mientras en México el procedimiento penal sigue en marcha. La Fiscalía General de la República ha emitido múltiples órdenes de aprehensión y busca acuerdos con implicados para esclarecer el caso a fondo.
Este episodio, según Gómez, evidencia la necesidad de fortalecer el estado de derecho y recuperar la confianza en las instituciones. En sus palabras, “México no puede rendirse ante la corrupción del pasado; debe convertir esta lucha en una lección para el presente y el futuro”.
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