La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció y celebró el traslado de 37 personas privadas de la libertad que se encontraban bajo custodia del gobierno mexicano y que ahora enfrentarán procesos judiciales en distintas cortes estadounidenses por delitos de alto impacto.
De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), los cargos incluyen narcoterrorismo, apoyo a organizaciones terroristas, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, entre otros ilícitos considerados prioritarios para la seguridad nacional de ese país.
En un comunicado oficial, Bondi calificó la operación como un “logro histórico” dentro de la estrategia de la administración de Donald Trump para debilitar a los cárteles del narcotráfico.
Subrayó que entre los trasladados hay presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de otras organizaciones criminales que, según Washington, han causado daños directos a ciudadanos estadounidenses.
Departamento de Justicia destaca cooperación con México
La fiscal general enfatizó que estos 37 acusados enfrentarán la justicia en territorio estadounidense y agradeció la colaboración del gobierno mexicano, al que describió como un socio clave en el combate al crimen organizado transnacional.
Desde la perspectiva del DOJ, esta coordinación permite avanzar en procesos judiciales más ágiles contra estructuras criminales consideradas amenazas regionales.
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El Departamento de Justicia también confirmó que este traslado forma parte de un esquema de transferencias, no de extradiciones formales, lo que permite a ambos países actuar bajo marcos legales distintos al tratado tradicional de extradición. Bajo este mecanismo, Washington anticipó que podrían realizarse nuevas entregas en el futuro, siguiendo protocolos similares.
Sin pena de muerte para mantener el acuerdo
Uno de los puntos centrales del acuerdo es que la fiscalía estadounidense no solicitará la pena de muerte contra ninguno de los 37 reos trasladados.
Esta condición, explicó el DOJ, es clave para que México continúe autorizando transferencias de prisioneros conforme a su Ley de Seguridad Nacional, sin necesidad de agotar procesos de extradición más largos.
Las autoridades estadounidenses aclararon que esta decisión no minimiza la gravedad de los delitos imputados ni el daño causado a las víctimas. Se trata, señalaron, de una medida alineada con el marco jurídico bilateral, ya que el tratado de extradición entre ambos países no permite la aplicación de la pena capital.
Un mensaje político y judicial
El anuncio refuerza el mensaje de Washington sobre su prioridad en el combate a los cárteles y, al mismo tiempo, evidencia el peso de la cooperación México–Estados Unidos en materia de seguridad.
Para el gobierno estadounidense, estas transferencias buscan maximizar resultados judiciales sin romper los equilibrios legales y diplomáticos que sostienen la relación bilateral.
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