La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de Nayib Bukele en El Salvador, con capacidad para albergar a 5 mil 100 reclusos, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante la inauguración, realizada el miércoles 14 de octubre, la mandataria defendió su política de mano dura contra la delincuencia, ante el incremento de la violencia que enfrenta el país centroamericano.
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"Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional. Vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la paga", declaró Fernández.
¿Cómo es la nueva megacárcel de Costa Rica inspirada en Bukele?
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se encuentra dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, aproximadamente a 20 kilómetros de San José.
La prisión, construida con una inversión cercana a los 35 millones de dólares, cuenta con cinco módulos, cada uno con 17 celdas de 90 metros cuadrados y capacidad para 60 internos.
En total, las instalaciones podrán recibir a 5 mil 100 presos considerados de alta peligrosidad, principalmente personas vinculadas con organizaciones criminales y el narcotráfico.
Las autoridades tienen previsto comenzar el traslado de los primeros reclusos a finales de octubre.
Costa Rica busca frenar violencia relacionada con el narcotráfico
La apertura de la megacárcel ocurre en medio del incremento de la violencia en Costa Rica, país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de América Latina.
De acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, lo que convirtió a ese año en el tercero más violento de su historia.
El Gobierno atribuye buena parte de esta situación a las disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Sin embargo, la adopción de medidas inspiradas en el modelo penitenciario de El Salvador ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a las denuncias sobre las condiciones de reclusión y el trato a los detenidos en ese país.
Pese a estas críticas, Fernández sostiene que la nueva prisión permitirá fortalecer el control del Estado sobre los internos de mayor peligrosidad y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.
IO
