Por Lilia Arellano
Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos.
Cicerón
Contra lo esperado por quienes se encuentran empeñados en invalidar las consultas o criticar las decisiones adoptadas por el futuro titular del poder Ejecutivo, la aprobación de los ciudadanos ha sido arrolladora en favor de AMLO. La cancelación del AICM le otorgó 10 puntos más, por lo que la aceptación hasta el 7 de noviembre registró un 77.9 por ciento y, en relación al impulso por conocer la opinión de los mexicanos por la realización de encuestas, aparece según el Gabinete de Comunicación Estratégica apenas sí un 28.3 en contra y a favor el 71.3 por ciento.
Así, se tuvo resultados en los cuales AMLO contaba en septiembre con el 68.1 por ciento de opiniones “muy buenas”; en octubre se tuvo del 67.5 por ciento y en los primeros días de noviembre es cuando se alcanza el 77.9 por ciento. Estos porcentajes derriban lo dicho por el inglés Tony Blair señalando no deben considerarse las consultas públicas como elementos base para la toma de decisiones importantes, en las cuales los argumentos de peso deben provenir de expertos. Lo anterior, en clara referencia al NAIM y, tal vez, tenga razón, hay decisiones que deben provenir de las autoridades por lo complejo de los estudios y del mismísimo proyecto.
Tales pueden y deben estar en manos de aquéllos a quienes les otorgamos la facultad de decidir por todos, y eso sucede donde la corrupción no ha permeado, como en México, a las esferas gubernamentales de todos los niveles. El pueblo gobernado por Blair y sus sucesores no ha padecido el mal manejo de sus recursos, los abusos, la falta de un Estado de Derecho, los niveles de impunidad registrada y vigente hasta estos días. Es entonces que se hace necesario decir a todos los contribuyentes dónde, por qué y cuánto de sus contribuciones van a destinarse a un proyecto en el cual pueden y deben opinar porque es necesario lograr que recuperen la confianza y crean en la honestidad de quienes tienen como objetivo un cambio total, una transformación de fondo y no sólo de forma.
Seguramente se elevará aún más el respaldo ciudadano a AMLO, ante los hechos registrados en torno a la banca. Afirmar que no saldrá de su oficina ninguna determinación relacionada con la actividad bancaria, o fiscal, o hacendaria, hasta después de tres años, permitió ver muy claramente la existencia real, verdadera, de la división de poderes. De ahí que surgiera la respuesta de Ricardo Monreal reafirmando autonomía y respeto a las decisiones de cada uno de los poderes sobre los cuales se sustenta el sistema político mexicano. El mensaje es de fácil interpretación porque igual sucederá en el poder Judicial, no se tratará de venganzas ni de odios, sino simple y llanamente la aplicación de la ley y es a quienes son responsables de ello que se deberán las determinaciones vistas en un futuro muy próximo.
Van cubriéndose así los socavones provocados para imponer la impunidad sobre, inclusive, actos de corrupción suficientemente comprobados. La “Estafa Maestra” no seguirá siendo un asunto protegido o en el cual no se finquen las responsabilidades que correspondan. Como tampoco se quedarán en el limbo los casos relacionados con los exgobernadores, los conocidos y los faltantes y, ni qué decir de las operaciones y las actuaciones cuyas bases han sido sentadas y comprobadas suficientemente por la Auditoría Superior de la Federación.
Respecto a esto último, es risible que sea para algunos dizque dedicados a la persecución de la corrupción en las entidades, se interpreten las denuncias contra los gobiernos a los cuales sirven como llamadas de atención a comprobar y sean feroces cuando se trata de la presentación, también de números y desvíos de los antecesores, llevándolos inclusive a la presentación de denuncias basadas en esta información. El piso parejo no tarda en presentarse y con ello serán exhibidos quienes permanecen ciegos, sordos y mudos ante los malos manejos económicos llevados a cabo en el presente.
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