BOCA DEL RIO, Ver., 28 de marzo (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- En la nueva administración estatal se han registrado 64 feminicidios, de los cuales más del 30 por ciento se tienen judicializados, señaló el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, quien puntualizó que corresponde al Estado prevenir que se registren estos delitos.
En rueda de prensa, el fiscal, nuevamente, arremetió contra el gobierno morenista y señaló que la violencia contra las mujeres sigue creciendo y la dependencia a su cargo se ha abocado a investigar los hechos una vez que ocurren, pero impedir que ocurran le corresponde al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Detalló que de diciembre a la fecha se registran 64 feminicidios y, en el 30 por ciento de estos casos, los agresores fueron vinculados a proceso.
“Es importante decir que la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de los hechos una vez que esos ocurren, impedir que ocurran es responsabilidad de Cuitláhuac García, detener a los que asesinan mujeres en el momento de que lo hacen o después de que la comisión es responsabilidad de Cuitláhuac García”.
Agregó que de homicidios se han registrado poco más de 500 y se han judicializado menos de cien en el Estado, se encuentran muchos de ellos en proceso de Investigación.
El fiscal indicó que se tiene que trabajar de manera coordinada para poder detener a los agresores, y la Secretaría de Seguridad Pública tiene también una gran responsabilidad.
Jorge Winckler inauguró el curso sobre Detección de Documentos Fraudulentos, organizado por la FGE de Veracruz, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México.
El fiscal general reconoció, ante directivos de la Agregaduría de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos de América, que es mediante la coordinación y unión de fuerzas como se brindan mejores resultados a la sociedad que acude ante instancias públicas de buena fe.
Afirmó que se requiere realizar un trabajo conjunto de inteligencia, que inicia con el conocimiento, la detección, y debe continuar con la denuncia de este tipo de delito, para evitar su proliferación y diversificación o la comisión de delitos que pudieran derivar del fraude.