CIUDAD DE MEXICO, 14 de mayo (Agencias).- De “sumamente peligrosa” y como “un grave error histórico” calificó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, la pretensión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar concesiones de radio y televisión a las iglesias.
El jurista recordó que el artículo 16, fracción II de la Ley de Asociaciones Religiosas establece la prohibición expresa para que las iglesias de cualquier credo cuenten con concesiones en medios electrónicos.
Además, el artículo 29 advierte sobre pérdida del registro para aquellas asociaciones que violen la anterior disposición.
Cossío Díaz recordó que el primer mandatario encargó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacer un análisis en la materia, pero apuntó que antes de entregar dichas concesiones, el Congreso tendría que reformar la Ley de Asociaciones Religiosas.
Y para ello, dijo, se tendría que “abrir un grandísimo debate” ya que se trata de una “cuestión central del Estado laico”.
De hecho, ante el riesgo de una “sorpresa” en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre con la presentación de una iniciativa en la materia, sugirió que ese debate se dé en el marco de un Parlamento Abierto, en el que participen especialistas y todos los involucrados.
El ministro en retiro destacó que en Brasil, Jair Bolsonaro obtuvo la presidencia gracias al apoyo de grupos evangelistas. “En muchos países se va exacerbando este fenómeno“. Y destacó que López Obrador habló de esa idea durante una de sus conferencias matutinas y frente a los posibles beneficiarios.
Deficiencias en la ley de paridad de género
Al hablar sobre la Ley de Paridad de Género que discutirá este martes el Senado de la República dentro del periodo extraordinario de sesiones, José Ramón Cossío destacó que esta medida tiene por objeto garantizar igual número de hombres y mujeres en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Sin embargo, dijo que le preocupa que el dictamen no incluyan los artículos 116 y 122 de la Carta Magna, por lo que el Congreso de la Ciudad de México y las alcaldías capitalinasquedarían excluidos de este principio.
(SinEmbargo)