CIUDAD DE MEXICO, 6 de mayo (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero acusó que heredó una institución –antes PGR–, en “anarquía administrativa”, con un “rezago injustificado” de más de 300 mil investigaciones y un descontrol del gasto corriente y en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Tras estar tres meses fuera de la escena pública, Gertz Manero reapareció ayer para dar un informe sobre los primeros cien días de su gestión; en diciembre fue nombrado fiscal por el Senado de la República.
En la sede de la FGR, el funcionario aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, ya que cada unidad recibía los casos que quería o le convenía, sin orden, ni verificación.
Incluso, afirmó que se encontró con “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación”.
Según los resultados de su diagnóstico, las sentencias definitivas obtenidas por el Ministerio Público Federal no alcanzaban más del 5 % del volumen total de los asuntos tramitados.
“No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación, ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados”, exhibió.
Además, expuso el fiscal, no había ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación.
Al anunciar que se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales para que se termine en forma definitiva con el fenómeno criminal, así como con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, el fiscal feneral Alejandro Gertz Manero anunció que en el caso conocido como la Estafa Maestra se restructurará la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, para enfocarlo como un posible delito de estado.
Anunció que en un plazo que no debe pasar de 60 días se empezará a judicializar el caso Odebrecht bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada, y que en el caso Tlahuelilpan, la fiscalía sabe quiénes convocaron a la población al sitio del siniestro y quienes provocaron el incendio del ducto que ocasionó la muerte de 135 personas.
En el informe que rindió sobre los primeros cien días de gestión frente a la FGR, Gertz Manero dio a conocer “dentro de las acciones emprendidas a futuro” que se debe generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fundamentalmente con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata de carácter nacional y de aplicación local.