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México

Suspenden a policías por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas anunció este jueves la suspensión temporal de los elementos que están vinculados con la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, ocurrida el pasado 5 de septiembre, con el objetivo de facilitar las investigaciones que determinen las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

“La Dirección de Asuntos Internos de esta dependencia precedió a suspender temporalmente a los elementos que reportaron los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, para facilitar las investigaciones”, informó en un comunicado.

Asimismo, la dependencia reiteró su disposición para colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones y ratificó su compromiso de que, en el cumplimiento de su deber, los servidores públicos tendrán que apegarse a la legalidad y el respeto de los derechos humanos.

“Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos. No se permite. No se permiten ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos. A nadie, a ningún ser humano. Eso no se va a tolerar. La instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe castigar con todo rigor”.

Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, sugirió hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) que solicite ayuda al Buró de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) para la investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales de ocho personas que fueron acusadas de narcotraficantes.

“He sugerido al Fiscal que solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales, para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario tamaulipeco aseguró que cumplirán con las medidas cautelares que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para salvaguardar la integridad de las personas que han dado su testimonio sobre el caso.

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