Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, admitió que el conflicto por el agua en la frontera con Estados Unidos no se explica únicamente por la sequía, sino también por un uso poco eficiente y acaparamiento de recursos hídricos en Chihuahua.
La mandataria señaló que en esa entidad se otorgaron “muchas concesiones” y existen pozos que ni siquiera están registrados, lo que agrava la presión sobre las cuencas vinculadas al río Bravo. Recordó que cultivos como el nogal, de alta demanda de agua, se han expandido en una región que no tiene disponibilidad suficiente, lo que evidencia un modelo de aprovechamiento insostenible.
Sheinbaum subrayó que justamente por esa situación se impulsa la nueva Ley de Aguas, cuyo objetivo es ordenar el consumo en todo el país, revisar concesiones irregulares y evitar que se repitan prácticas de corrupción como las de exautoridades que, desde cargos en Conagua, asignaron permisos de uso de agua a sus propias familias.
Añadió que la solución no será “llegar y quitar el agua”, sino instalar mesas de trabajo con productores para revisar pozos ilegales, promover sustitución de cultivos y evaluar la reubicación o reorientación de industrias altamente consumidoras, como cerveceras o refresqueras.
También denunció que el acaparamiento en Chihuahua impide el trasvase de agua hacia Tamaulipas, e incluso mencionó la existencia de represas particulares ligadas a exfuncionarios locales.
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Cuestionada sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al vertimiento de aguas residuales al océano a través del río Tijuana, Sheinbaum afirmó que el tema ya forma parte de acuerdos bilaterales en marcha y no de una crisis nueva.
Recordó que ya se alcanzó un primer acuerdo en el sexenio anterior, que permitió construir una planta de tratamiento en Tijuana a cargo de ingenieros militares, la cual ya está en operación.
Más recientemente, dijo, se firmó un nuevo entendimiento entre la canciller Alicia Bárcena y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que contempla la ampliación de una planta de tratamiento en San Diego por parte de ese país, mientras México ejecutará nuevas obras de colectores y la ampliación de su propia planta.
Sobre las referencias de Trump al tratado de aguas de 1944 y la posibilidad de imponer tarifas, Sheinbaum fue clara: la cantidad de agua que México puede entregar está limitada por la precipitación pluvial reciente y por la capacidad física de la infraestructura, como el diámetro de ductos y los trasvases posibles entre cuencas con mayor disponibilidad.
Recalcó que las reuniones con el gobierno estadounidense son técnicas, no políticas, y que ya estaban programadas antes de las publicaciones del mandatario norteamericano.
En esas mesas, equipos de ambos países calculan cuánta agua es posible entregar sin comprometer el consumo humano ni afectar gravemente a los agricultores mexicanos.
La presidenta sostuvo que los trabajos van “bastante avanzados”, insistió en que México mantendrá su voluntad de cumplir el tratado de 1944 y aseguró que, con los acuerdos ya firmados y las obras en curso, no se prevé que el tema escale a un conflicto comercial mayor.
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