La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, está reimpulsando investigaciones consideradas estratégicas en materia de corrupción y seguridad.
Durante su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exfuncionarios federales señalados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el presunto desvío de recursos destinados al sistema penitenciario federal.
Sheinbaum subrayó que Ernestina Godoy “está retomando casos que eran relevantes” y que forman parte de una agenda de combate a la impunidad. Además, puntualizó que corresponde a la FGR informar a detalle sobre los avances de esta y otras investigaciones en curso.
El caso: desvío millonario y empresas ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont
De acuerdo con las acusaciones, el expediente en el que aparece Jesús Gabriel Pérez Rodríguez está relacionado con el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos que debían destinarse a penales federales y que terminaron, según las indagatorias, en empresas factureras vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Miami, Estados Unidos.
Sheinbaum recordó que cualquier señalamiento contra servidores públicos o exfuncionarios debe ser investigado, y reiteró que su gobierno no encubre a nadie. Insistió en que, si existen denuncias con sustento, tanto la FGR como las instancias de control interno y anticorrupción están obligadas a actuar.
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“No somos tapadera de nadie”: mensaje de Sheinbaum sobre impunidad
La presidenta aprovechó el tema para recalcar la línea de su administración: dijo que su gobierno actúa con “honestidad y responsabilidad” y que no tolerará actos de corrupción, sin importar el cargo que haya ocupado la persona involucrada.
Al insistir en que será la Fiscalía quien detalle el estado del caso, Sheinbaum marcó distancia política y reforzó la narrativa de que corresponde al Ministerio Público seguir la ruta del dinero y determinar responsabilidades penales.
Con ello, el gobierno federal busca enviar un mensaje de continuidad en el combate a la corrupción, especialmente en expedientes emblemáticos como los relacionados con García Luna y las redes financieras que habrían operado en su entorno.
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