El empresario y abogado fiscalista Víctor Manuel "N", esposo de la exconductora de televisión, será deportado a México tras haber sido detenido en Miami, Florida, por autoridades migratorias de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que enfrenta órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Noticia Destacada
Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por estancia ilegal
Víctor Manuel "N"fue arrestado el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la noticia fue divulgada oficialmente hasta el 27 de octubre. Desde entonces, permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, un centro de detención de migrantes en las afueras de Miami.
La FGR informó que el empresario será entregado a las autoridades mexicanas en cumplimiento de los tratados de cooperación internacional en materia penal. En su comunicado, la Fiscalía detalló que Álvarez Puga está vinculado a una red de empresas fantasma utilizadas para simular operaciones fiscales y desviar recursos públicos, en complicidad con funcionarios y otros particulares.
El caso ha generado atención mediática desde 2021, cuando tanto el detenido como su esposa fueron señalados como prófugos de la justicia mexicana. La pareja habría abandonado el país tras conocerse las investigaciones en su contra. Aunque inicialmente se pensó que la detención en Miami estaba relacionada con las acusaciones mexicanas, especialistas en seguridad internacional aclararon que fue por irregularidades migratorias, lo que abrió la puerta a su deportación inmediata.
La defensa legal del empresario ha impugnado la resolución migratoria, pero se espera que el miércoles 12 de noviembre se defina su situación definitiva ante las autoridades estadounidenses.
Por su parte, Inés Gómez Mont continúa en calidad de prófuga, sin que hasta el momento se haya confirmado su ubicación. La FGR mantiene activa la búsqueda y ha reiterado que ambos enfrentan procesos penales federales por delitos que podrían implicar penas de prisión de hasta 20 años, además de reparación del daño al erario público.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que la Fiscalía Especializada en Control Competencial ha emprendido contra estructuras de corrupción financiera, en las que se han detectado mecanismos de simulación fiscal y lavado de activos que involucran a figuras públicas y empresas privadas.
