La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres, se enfrentan a una creciente controversia luego de la cancelación de sus visas estadounidenses, en medio de una ofensiva binacional contra el tráfico ilícito de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
La medida se produce tras una serie de operativos conjuntos entre autoridades de México y Estados Unidos, que recientemente asestaron un golpe al contrabando de gasolina en las aduanas de Baja California y Sonora.
En estos operativos, han sido señalados funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), agentes aduanales y presuntamente también Luis Torres, cuñado de la mandataria estatal.
Uno de los nombres recurrentes en las denuncias es el del agente aduanal Roberto Ruiz Armas, quien por años ha sido vinculado con la introducción ilegal de vehículos conocidos como “autos chocolate” y ahora estaría implicado en redes de contrabando de hidrocarburos.
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Otros involucrados que enfrentan señalamientos incluyen a Baltazar Terrazas Ciapara, así como al Coordinador de Aduanas Fronterizas, Ernesto Alejandro Vadillo Trueba.
A raíz de estas investigaciones, el SAT ha comenzado a suspender patentes a diversas agencias aduanales por presuntas irregularidades en la importación de mercancías.
En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la corrupción en aduanas, advirtiendo que “el agente aduanal ahora sí tiene responsabilidad directa y se han empezado a retirar patentes donde se detectan actos indebidos”.
La situación amenaza con escalar políticamente en un momento delicado para el gobierno de Baja California, ya que la cercanía de actores implicados con la administración estatal podría tener repercusiones tanto a nivel local como federal.
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