El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la apertura de foros de análisis sobre la Ley de Ciberseguridad, luego de enfrentar fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas.
Esta decisión se dio apenas dos días después de que la normativa fuera publicada en el Diario Oficial del estado y tras haber sido defendida públicamente por el propio mandatario.
A través de un comunicado, Armenta solicitó a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la morenista Laura García, convocar a mesas de trabajo con una amplia representación ciudadana.
En particular, pidió incluir a periodistas, organismos defensores de derechos humanos, colegios de abogados y asociaciones de padres de familia, con el objetivo de revisar lo relativo al ciberacoso y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
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La llamada “Ley Censura”, como ha sido nombrada por sus detractores, entró en vigor el pasado viernes. El texto establece penas de hasta tres años de prisión por emitir insultos u ofensas en redes sociales, lo que ha encendido el debate sobre libertad de expresión y criminalización del discurso digital.
Aunque el gobernador mostró disposición al diálogo, diputados de Morena y partidos aliados (PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza) salieron en defensa del nuevo marco legal.
En un comunicado conjunto, afirmaron: “Libertad de expresión sí, injurias desde el anonimato no”, en referencia a las cuentas falsas que —según dijeron— se utilizan para denostar a legisladores.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Puebla, una vez aprobada una ley, no puede derogarse hasta que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones, lo que complica un posible freno inmediato a la normativa.
Los foros de análisis iniciarán esta semana, y se espera que la presión social y mediática determine el futuro de esta controversial ley que ha reactivado la discusión sobre libertades digitales y censura institucional en México.
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