Este año fue muy activo en temas de maltrato y crueldad animal, se contabilizaron 850 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, y juntado las de años anteriores las quejas podrían rebasar el millar. Animalistas dicen que estas cifras son alarmantes, porque pese a que hay voluntad de la sociedad para que sean cada vez menos casos, las autoridades avanzan lentamente, pero reconocen el acercamiento que los legisladores, el Fiscal General del Estado y la Alcaldesa de Mérida han tenido para estos casos.
Elsa Arceo, líder de la Organización Rescatistas Independientes Unidos, reveló que los animales de la calle son los más vulnerables a algún tipo de maltrato o crueldad, además de la falta de tenencia responsable de algunos tutores de perros o gatos. La activista destacó que más de 90 municipios del estado han reportado por lo menos un caso significativo de maltrato o crueldad animal.
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Comunidades como Tizimín, Umán, Motul, Peto, Tekax y Mérida tienen más quejas. Elsa aseguró que por parte del Gobierno del Estado hay una gran área de oportunidad, en contraste con la Comuna, que a través de la Unidad de Protección Animal ha puesto especial atención para dar solución a los reportes que surgen. Esta institución ha tenido el respaldo de la primera edil meridana, Cecilia Patrón.
Arceo añadió que las diputadas Neyra Pat y Zayra Rodríguez son las únicas legisladoras del Congreso de Yucatán que han participado y se han interesado en estos casos, así como Juan Manuel León León, el Fiscal General de Yucatán. Sin embargo, la activista aseveró que es importante la coordinación de todos los órdenes de Gobierno para que se tengan avances realmente significativos. También reconoció que es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, no todo es culpa de los representantes gubernamentales, ni tampoco de las personas.
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Campañas
Finalmente, Elsa Arceo señaló que, para evitar más casos de maltrato y crueldad animal, se deben realizar campañas de concientización reales y efectivas en las escuelas; además, se debería obligar a los ayuntamientos a atender estos casos y que protejan a los animales. Las autoridades de más alto nivel deben trabajar en la creación de políticas públicas para proteger a la fauna.
