La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, presentó los primeros avances en la construcción de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, una de las prioridades del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante su participación en la conferencia matutina, Rodríguez afirmó que el proceso ha sido nutrido por más de 450 colectivos y redes de familiares de personas desaparecidas, así como por organismos internacionales y dependencias gubernamentales.
La funcionaria informó que la propuesta legislativa se nutre de 90 mesas de diálogo con actores clave, lo que ha derivado en 30 propuestas sustanciales centradas en cinco ejes fundamentales: búsqueda y seguridad, identificación forense, bases de datos, bienestar y prevención.
Cambios clave en la propuesta
Entre los puntos más relevantes de la nueva legislación, destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad con CURP que incluirá huella y fotografía desde la infancia, así como una Base Nacional de Carpetas de Investigación que será actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas. Estas herramientas permitirán mejorar los procesos de localización e identificación.
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Además, se contempla la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, el acceso gratuito a bases biométricas de hospitales y funerarias, y la protección de datos personales de víctimas y familiares.
Diálogo permanente con víctimas
Rodríguez aseguró que se están escuchando las preocupaciones de seguridad expresadas por familiares y colectivos. Para ello, dijo, se trabaja de forma coordinada con autoridades estatales y municipales para reducir riesgos en zonas críticas.
“Somos sensibles al dolor que representa la ausencia de un ser querido”, expresó, enfatizando el compromiso del gobierno con la verdad y la justicia.
Participación internacional y enfoque en derechos humanos
El proceso cuenta con el acompañamiento de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estas organizaciones han contribuido a que la iniciativa tenga un enfoque sólido en derechos humanos.
La secretaria concluyó que el diálogo con los colectivos no ha terminado. Ahora se entra en una etapa de fortalecimiento institucional para asegurar que esta reforma no sea solo un marco legal, sino una herramienta real y efectiva para combatir la impunidad y dar respuestas a las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.
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