Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó las iniciativas de leyes secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial.
Godoy precisó que estas propuestas ya están en el Senado y corresponden a la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024.
Entre los cambios se establecen plazos procesales más cortos: seis meses para resolver en materia tributaria y entre cuatro meses y un año en materia penal, según la gravedad de la pena.
El objetivo es garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita.
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Cambios principales en la Ley de Amparo
Godoy subrayó que el juicio de amparo se mantiene como la principal herramienta de defensa de los derechos fundamentales, pero ahora con mayor claridad en sus reglas y con procesos digitalizados.
Entre las modificaciones se contemplan:
- Plazos definidos para admitir y resolver demandas de amparo.
- Digitalización obligatoria de trámites, sin eliminar los medios tradicionales.
- Ejecución clara de sentencias, señalando qué autoridad debe cumplirlas.
- Reglas específicas sobre la suspensión de actos reclamados, evitando afectar la economía nacional y el sistema financiero.
- En casos de bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se permitirá liberar recursos para cubrir obligaciones laborales, fiscales y alimentarias.
La reforma también plantea ajustes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“El amparo no se debilita, se fortalece”: Gobierno
Godoy enfatizó que la reforma no limita el amparo, sino que lo moderniza para hacerlo más ágil y efectivo. Aseguró que los derechos humanos permanecen intactos.
Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró que la iniciativa responde a abusos pasados donde el amparo fue utilizado para proteger intereses ilegales, como en casinos, giros negros o pensiones alimenticias incumplidas.
Zaldívar añadió que el fortalecimiento del marco legal permitirá combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada sin afectar a ciudadanos que acrediten la licitud de sus recursos.
IO
