El diputado Ricardo Monreal anunció que el único poder del Estado que tendrá una reducción presupuestal en 2026 será el Legislativo, con una disminución del 3.4 por ciento en términos reales.
El legislador explicó que, ante la ausencia de procesos electorales el próximo año, no se justifica un gasto elevado en instituciones que no enfrentarán carga electoral directa.
Durante su posicionamiento, Monreal Ávila señaló la importancia de realizar ajustes a las asignaciones presupuestales, priorizando a sectores que verdaderamente lo requieran, como la educación pública superior.
INE y Tribunal Electoral, bajo la lupa por ausencia de elecciones
Monreal detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya propuesta asciende a 22 mil millones de pesos, también podría ser objeto de recorte. “No hay elección de Poder Judicial, no hay elección de diputados ni senadores, entonces no se justifica el incremento”, afirmó.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que propuso un aumento de 260 millones de pesos, también enfrentará ajustes, al igual que el Poder Judicial, que solicitó un incremento de 15 mil millones, pero que según Monreal, fue gestionado por administraciones pasadas.
Noticia Destacada
Claudia Sheinbaum aclara si el Mundial 2026 impactará en el crecimiento económico de México
Monreal respalda reasignar fondos a universidades públicas
En otro tema, Ricardo Monreal destacó la situación de la Universidad de Guadalajara, que presentó un presupuesto considerablemente menor al del año anterior.
Indicó que es necesario atender el reclamo de la institución, y que los fondos podrían obtenerse de recortes a órganos autónomos como el INE o el Poder Judicial.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez Pozos, también ha subrayado la importancia de reasignar recursos a la educación, en línea con la visión del Plan Nacional de Desarrollo.
Presupuesto 2026: recortes con enfoque estratégico
El anuncio de Monreal forma parte del proceso de análisis del Paquete Económico 2026, en el que se prevé una política de gasto más austera pero selectiva, sin afectar áreas sensibles, como salud, seguridad y educación.
Con ello, se anticipa un debate presupuestario complejo, especialmente en torno a los órganos constitucionales autónomos y su justificación para mantener —o reducir— sus recursos, en un año sin elecciones.
IO
