La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de aprehensión contra Silem “N”, exregidor de Xalapa y excandidato a diputado, por su presunta participación en una red criminal vinculada a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, actualmente encarcelado en Estados Unidos por delitos sexuales.
De acuerdo con las autoridades, Silem “N” es considerado prófugo de la justicia, y su búsqueda es encabezada por la Fiscalía de Nueva York, en coordinación con Interpol y fiscalías mexicanas.
Se han emitido circulares internacionales solicitando cualquier información que facilite su captura, y se ha solicitado formalmente al gobierno mexicano su colaboración para proceder con la extradición.
Graves acusaciones: conspiración, trata y abuso
Los cargos contra Silem “N” fueron formalizados el 23 de septiembre de 2025 por la jueza Loretta Preska, e incluyen:
- Conspiración de crimen organizado
- Trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción
- Inducción a viajar para actividades sexuales ilegales
- Conspiración para explotar sexualmente a menores
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Según la acusación, La Luz del Mundo operaba como fachada para una red de tráfico humano, valiéndose de la doctrina religiosa como herramienta de manipulación, coerción y silencio.
La Fiscalía afirma que Silem “N” fungía como jefe de relaciones públicas de la iglesia, y habría utilizado esa posición para intimidar a víctimas, silenciar denuncias y manipular la opinión pública.
Un caso que salpica a México y cruza fronteras
Este nuevo señalamiento refuerza la dimensión transnacional del caso judicial contra La Luz del Mundo.
La investigación ha revelado cómo diversas figuras públicas habrían colaborado en la estructura de encubrimiento y legitimación del grupo liderado por Naasón Joaquín García.
Aunque no se ha confirmado la ubicación de Silem “N”, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen una coordinación activa para ejecutar su detención.
El caso ha reavivado el debate sobre la colusión entre actores políticos y religiosos, así como la urgencia de atender con mayor firmeza los delitos de trata y explotación sexual con fines religiosos.
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