León García Soler
A la mitad del foro
Bajo el retrato de Benito Juárez, el de Guelatao, el del respeto al derecho ajeno, el que de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia pasó a Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue espectador pasivo del llamado del ministro presidente Luis María González a trabajar en “armonía y concordancia”. Nada, impasible el de Tabasco, salvo ante el instante de malestar físico que obligó al orador a interrumpir el discurso, tomar asiento y concluir su informe ahí, entre el de la honrada medianía y el de la presuntuosa servidumbre.
Asunto menor, dijeron en el Congreso, a tono con el extrañamente sereno Pablo Gómez: Disputa salarial que “es una discrepancia normal por sueldos”. Asunto grave el de toda contienda entre poderes sobre la interpretación de la norma constitucional y la aplicación de una reforma reglamentaria que abre un abismo en la división de poderes de la República. De nuestra República federal, democrática y laica que interpretan a su modo los restos de la derecha conservadora y la izquierda radical. Por ejemplo: el derecho a la vida como instrumento de la reacción para ignorar la despenalización del aborto y calificarlo como homicidio que en Guanajuato llevó a sentenciar a una mujer a treinta años de cárcel.
Y la campaña de ingenuidad Morena a título de transformadora democracia cristiana que celebra una misa guadalupana en el Palacio de Gobierno del estado de Morelos. Después de todo, Andrés Manuel López Obrador ha predicado la democracia del perdón cristiano y sentenciado que Benito Juárez era católico y el Nigromante, nada menos que el del verbo incendiario de la frase “Dios no existe” pronunciada en la Academia de Letrán, exponía su fe cristiana al declarar retóricamente: “Yo me hinco donde se hinca el pueblo...” Hay que ir más allá del discurso milenarista y la confusión de los personajes en el escenario de la transición que se devoraron a sí mismos en el afán de liquidar al gobierno ya inerte de un hombre solo.
El Presidente López Obrador llegó sonriente a la calle Corregidora y entró a la Suprema Corte por la puerta lateral. Las multitudes que siguen sus pasos se vieron sorpresivamente divididas entre las empeñadas en el contacto directo con el representante del “pueblo sabio”, y las compactadas en violenta turba dispuesta a agredir verbal y físicamente a los ministros de ingresos superiores a los de todo sultán o rey del capitalismo financiero, funcionarios de Justicia cuyos salarios superan a los del elegido el 1º de julio por más de treinta millones de mexicanos. Los movilizados por la indignación, convencidos de que la corrupta justicia que padece la tierra nuestra es cuestión de altos salarios a los que mandan y se corregirá en cuanto nadie gane más que el Presidente, fueron a la puerta principal y ahí esperaron la salida de los ministros.
No hubo mayor conflicto en el interior del acto republicano. Quizás el haber expresado el ministro presidente ante el Presidente López Obrador y bajo el retrato de Juárez una frase conciliadora, sin eludir la divergencias, las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la República: “Entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted es la máxima del Benemérito de las Américas: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Frío y protocolario el desencuentro. Andrés Manuel López Obrador asistió, escuchó y salió del recinto. No asistió a la comida programada; salió por la puerta lateral y se hundió en la multitud de fieles seguidores, de los mexicanos del común convencidos de las virtudes curativas de la honradez valiente.
Frente a la entrada principal la turba manifestaba la ira ante los de arriba que se negaban a obedecer el llamado a la transformación, a la transfiguración que deslumbró al diputado Muñoz Ledo al ser testigo inmediato del milagro el día primero del “año cero de la Cuarta Transformación”. Lisa y llanamente, los ahí reunidos se lanzaron contra el automóvil en el que abandonaba del acto Jorge Camargo, director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal. Gritos, insultos, golpes y botellas arrojadas contra el vehículo automotor. La hoguera de las vanidades encendida en madrugadores sermones. Y la suerte, por ahora, de no haberse producido un linchamiento en la Corte de los Milagros.
Lejos de Víctor Hugo, entre los restos de nuestras instituciones demolidas y la esperanza inusitada en el milagro del hombre providencial, asistimos al drama del conflicto entre poderes que es mucho más que discrepancia por sueldos. La secretaria de Gobernación ha expuesto la visión jurídica de una constitucionalista que recientemente se jubiló del cargo de ministra de la Suprema Corte; citó cuidadosamente el artículo de la norma suprema que desde 1917 prohíbe expresamente que se reduzcan los sueldos de ministros de la Corte, de tribunales superiores, jueces y magistrados. Precisamente porque el Poder Judicial es uno de los tres Poderes de la Unión y las facultades del Poder Ejecutivo y del Legislativo les otorgan lo que los ingleses bien llaman el poder de la bolsa, elaborar el presupuesto de ingresos y aprobar el de egresos, el gasto público, la norma ofrece al Judicial la defensa para no verse sometido al control ejercido sobre el salario y los ingresos operativos institucionales.
La secretaria de Gobernación anunció que renuncia al salario del cargo y vivirá de la jubilación que la ley le otorga. Y ni así estuvo a salvo de las agresiones vía redes antisociales y de las tribunas en las que se envilece el discurso político en la polarización de una mayoría ebria de poder y una leve oposición dispersa que recién descubre la fuerza de unirse para hacer frente a iniciativas de reformas constitucionales que requieren de mayoría calificada para su aprobación.
Con la política de sumar, de procurar el acuerdo de los opuestos, se podría evitar, entre otras cosas, que la secretaría de Gobernación vea disminuida la facultad de ser el conducto del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, con los gobiernos de los estados de la Unión, los partidos políticos, el Poder Legislativo y les entidades religiosas. Y serviría al individuo en quien se deposita el Supremo Poder Ejecutivo, a eludir la tentación totalitaria que han padecido tantos otros, como los que él mismo expuso ante los compañeros de la madrugadora conferencia de prensa, a quienes el poder vuelve tontos y a los que ya lo son y vuelve locos.
La agresión a las puertas de la Corte se va a repetir hasta llegar las tragedias si no interviene Andrés Manuel López Obrador y expresa directamente la desaprobación con la amenaza desatada de las masas, así sean de los mexicanos de a pie, de la clase media proletarizada, del “pueblo sabio”. No olvidemos que hay y habrá otros conflictos, otras diferencias de opinión y decisiones opuestas a los proyectos, programas o iniciativas del gobierno de la mayoría abrumadora. Entre otros, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado su desacuerdo con la creación de la Guardia Nacional: “Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza de modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción y violencia; la seguridad es una necesidad, no un campo para intereses políticos o de otra índole”.
Demasiado hilar y deshilar en los primeros cien días del poder. Llega la hora del presupuesto y todavía debaten el alcance y costo de haber desechado el aeropuerto en Texcoco y tener que negociar miles de millones de dólares con los tenedores de bonos. Y mientras López Obrador echa a andar otras obras prometidas y pide no agredir a los ministros de la Corte, la nueva secretaria de la Función Pública declara que las empresas privadas deberían reducir también sus salarios. En el pobre es borrachera y en el rico es alegría.
Y enviada la iniciativa para derogar la Reforma Educativa, el documento del Ejecutivo llega al Congreso con imperdonables errores y una ausencia que elimina la fracción VII del artículo tercero constitucional que garantiza la autonomía universitaria. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, diría de inmediato que se trató de “un error” y hubo quienes dijeron que bastaría añadir una “fe de erratas”. Y no basta. Se necesita corregir la falla en comisiones y señalar las culpas de quienes privaron al país de la Autonomía universitaria ganada desde los años de Emilio Portes Gil.
Y vamos a ver quién es el valiente que decreta la suspensión de los trabajos en el aeropuerto de Texcoco.