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Opinión

He ahí el Dilema

Francisco Javier Pizarro Chávez

¿Guardia Nacional Civil o Militar?

El polémico tema acerca de la creación de una Guardia Nacional sujeta a proceso legislativo gravita en lo fundamental en torno a tres ejes: el principal, si debe estar bajo el mando civil o militar; si el primero asume la administración de una Fuerza Intermedia de Seguridad, (FIS), y el mando militar el operativo y también definir el lapso de tiempo que tendría su configuración.

Como es de dominio público, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es partidario de que la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal se hagan cargo del mando de la Guardia Nacional y, por tanto, tengan a su cargo los operativos que se realicen en materia de seguridad pública y combate a la violencia.

Si bien en la Cámara de Diputados Morena cuenta con la mayoría simple para aprobar el decreto presidencial, no ocurre lo mismo en el Senado, Cámara en la que se requiere la mayoría calificada, esto es, los dos tercios de la votación, lo cual sólo lo logrará si cuenta con el voto de senadores de otros partidos.

Hasta ahora –al momento de escribir esta Reflexión en Voz Alta– se desconoce cuál va a ser el desenlace en el ámbito legislativo. Tanto el PAN, como el PRD, el Movimiento Ciudadanos y un Grupo de Legisladores tricolores apegados al Ex Secretario de Gobernación Osorio Chong, han dejado en claro que no van a aprobar la iniciativa presentada por el presidente.

En atención a ello, los legisladores morenistas se han acercado a diputados del PRI no controlados por Osorio Chong y lograron el apoyo de 9 de los 19 legisladores perredistas, una vez que renunciaron al PRD.

De mantenerse ambos apoyos, Morena lograría junto con el PT y el PES, contar con la mayoría calificada del Senado y posteriormente con el voto de los congresos locales, cuyos gobernadores han brindado su apoyo a la Guardia Nacional, algunos de ellos, aunque esté bajo mando y operación de la policía militar, naval y federal, siempre y cuando no se vulnere la soberanía estatal.

No obstante, sería irresponsable de mi parte anticipar cuál va a ser el desenlace. Todo puede ocurrir. Las agrupaciones, organizaciones e institutos de la “sociedad civil” han emprendido una abierta campaña contra la participación de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional, sobe todo si asumen el mando operativo y no se establece en la ley, un plazo determinado respecto a su participación.

El tema que está a debate es, por dondequiera que se le vea, relevante; tan es así que considero –sin hipérbole alguna– que lo que está en juego dista mucho de ser una de las recurrentes disputas legislativas partidista. Estamos en presencia de un enfrentamiento de poderes, cuyo resultado va a dejar para bien o para mal, huella en la historia de la 4ta Transformación en ciernes.

Los diputados y senadores, organizaciones civiles y derecho humanistas que se han solidarizado con ellos y el presidente de la República y su partido, deben asumir con suma responsabilidad este diferendo y resolverlo con apego a la ley, pero también a la voluntad de los mexicanos, quienes –según encuestas que se han divulgado–, el 80 por ciento de los ciudadanos entrevistados está a favor de la Guardia Nacional Militar.

Dicho de otra manera. Esta reforma constitucional de hondo calado debe apegarse al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos como bien lo señalan las organizaciones de la sociedad civil, pero también y sobre todo, debe el Estado (y me refiero a los tres niveles de gobierno) acatar la voz del pueblo que es la principal víctima de la inseguridad, la violencia, la descomposición social, la corrupción y la impunidad.

Ninguna de las partes en disputa han dimensionado a fondo el daño y dolor que esos graves fenómenos sociales han causado durante las últimas décadas a los mexicanos.

Deben entender que México está inmerso en una crisis humanitaria sin parangón en América Latina y el mundo.

La mayoría de ellos consideran que para resolver esa crisis lo que se requiere es preservar la paz, la seguridad pública y la mal llamada reconciliación nacional. La crisis humanitaria es devastadora. Son cientos de miles de mexicanos asesinados, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, desplazados de sus comunidades y perdido su patrimonio.

Estamos en presencia de una situación sociopatológica profunda y compleja, que no se va a resolver de un día para otro por decreto.

El país enfrenta también una crisis de seguridad interior derivada de la corrupción e ineficiencia del Estado, y más concretamente de sus gobernantes, los cuales han cedido el control territorial de comunidades, Municipios y Estados a los cárteles de la droga y promovido la impunidad.

Los mexicanos somos víctimas no únicamente de la delincuencia y las bandas criminales, sino también de los abusos de policías, ministerios públicos, jueces y magistrados corruptos. Triste es decirlo, pero es la realidad.

Es por demás sospechoso que las corporaciones policiales y fuerzas militares no cuenten con un mapa geo referenciado, entidad por entidad, de los grupos criminales, de los delitos en que incurren, de su modus operandis, del potencial bélico con que cuentan, de las rutas mediante las cuales transportan las drogas, el tráfico de personas y zonas donde han fundado sus cementerios clandestinos.

Son los familiares de las víctimas, no la autoridad ni las organizaciones civiles, los que se han dado a esas tareas.

Por si fuera poco, las autoridades hacendarias y financieras del gobierno, los bancos, casas de bolsa –el sistema financiero público y privado–, nunca han seguido la huella del dinero ilícito y negocios fantasmas de los que los cárteles de la droga se valen para lavar su dinero y hacerse pasar por empresarios o grandes magnates.

Insólito es que ni los agentes aduanales, policías y militares tanto de Estados Unidos como de México, “No se den cuenta” y no hagan nada para impedir el contrabando de armas de esas bandas criminales.

Celebro y avalo, por ello, el que el Poder Legislativo haya aprobado (con excepción de los diputados del PAN) el Artículo 19 constitucional que establece prisión preventiva automática, a quienes incurran en delitos graves como la corrupción, el huachicoleo, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, feminicidio, abuso y violencia sexual a menores de edad, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

En este deplorable contexto social lo de menos, es si la Guardia Nacional tiene mando civil o militar. A lo que realmente hay que prestar atención, es si va a cumplir con sus tareas y deberes en materia de seguridad pública y seguridad interior; si se les va a capacitar y profesionalizar no sólo en lo que se refiere al uso de las armas, sino también en la investigación de los delitos cometidos, el respeto a los derechos humanos de las víctimas, el debido proceso judicial, la rendición de cuentas y por supuesto, el combate a la corrupción y la impunidad.

De no ser así, la crisis humanitaria se extenderá a todo lo largo y ancho del país. Las fuerzas de seguridad intermedias, como la que hacemos referencia, en otros países se han configurado para hacer frente a emergencias nacionales de seguridad, para proteger y defender a los ciudadanos y la seguridad pública, con el apoyo de la población.

La Guardia Nacional ya sea bajo mando civil o militar está obligada a salvaguardad la vida, integridad física y los bienes de los ciudadanos y con ello contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, la legalidad, la paz, la justicia, la convivencia pacífica, el bienestar social y el desarrollo humano.

El federalismo es una doctrina que busca que una entidad política esté formada por organismos que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía (Estado-Federado) y asuman y se hagan responsables de la autonomía y competencias que les corresponden.

Dicho de manera coloquial. Que ya dejen de quejarse presidentes municipales y gobernadores y se pongan a “chambear”. México es una República de la que formamos parte todos, independientemente de nuestro origen étnico, si vivimos en el Sur, Centro, Norte, Oriente o Poniente del país, del nivel económico que se posea, de nuestro género, edad, de nuestro grado económico o personalidad.

Espero que todos ellos, en su ámbito de competencia, lo tomen en cuenta y no incurran, como suelen hacerlo en disputas partidistas y financieras. Ese sería un muy mal inicio de la Guardia Nacional ya sea de mando civil o militar.

Veremos y diremos.

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