Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
La apertura democrática que se observa a partir del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido su lado positivo al abrir las puertas al debate transparente, sin limitaciones; pero también una vertiente negativa al favorecer controversias que frenan el trabajo del Ejecutivo y crispan el ambiente político y social, de por sí cargado de cuestionamientos por el estilo personal del mandatario.
La iniciativa privada se inconformó con el plan de cancelar las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), que se formuló en el sexenio pasado, y en su lugar crear una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, según información proporcionada en entrevista al diario “La Jornada” (miércoles 24 de abril), por el responsable del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y de las ZEE, Rafael Marín Mollinedo.
El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, señaló un día después la molestia de su gremio porque el mandatario “está elaborando sin consultar a la iniciativa privada el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que México seguirá a lo largo del sexenio… lamentamos que las decisiones en la materia sobre el desarrollo económico del país se tomen de manera unilateral por el gobierno federal” (“La Jornada”, 25 de abril).
Tal afirmación es inexacta, pues en los meses que lleva en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha demostrado ser muy cuidadoso de su relación con el empresariado nacional. Sus principales dirigentes se han reunido con él cuantas veces lo piden, para intercambiar opiniones con franqueza y con respeto de ambas partes. Lo que le debe causar extrañeza al líder de la Concanaco Servytur es que López Obrador no sea tan obsequioso con ellos como lo fueron sus antecesores, principalmente los tres últimos.
Sin embargo, quienes también rechazan el Proyecto Transístmico son los pobladores agrupados en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, bajo el argumento de que el mandatario “sólo revive con otro nombre un plan que no pudieron poner en marcha los gobiernos neoliberales, a los que critica, y que beneficia a empresas trasnacionales manufactureras, de energía e incluso mineras”, dijo Carlos Báez, coordinador de la mencionada organización comunitaria. (“La Jornada”, 25 de abril).
Abundó en los factores adversos: “El proyecto está disfrazado de desarrollo regional, pero al final sólo servirá para utilizar territorio y mano de obra para intereses de grandes empresas y va a generar más violencia, inseguridad, despojos y mucha pobreza”. El gobierno federal, ante argumentos tan contundentes, está obligado a demostrar con datos concretos que no será esa la finalidad de un proyecto que el gobierno estadunidense tenía en la mira desde el año 1859, cuando se firmó el Tratado MacLane-Ocampo, que por fortuna no fue ratificado por el Congreso del país vecino.
La información antedicha patentiza la complejidad de una tarea gubernativa en un país tan desigual, injusto y contradictorio como el nuestro, donde las cúpulas han hecho lo que han querido con las instituciones para favorecer sus intereses particulares. Tal realidad es insostenible, por lo que el Ejecutivo no tiene más opción que ejercer su investidura con apego a la Carta Magna. Si para él la justicia es prioritaria, como ha dicho, es hora de demostrarlo.
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