Uuc-kib Espadas Ancona
Entre los siempre provocativos memes que circulan en la red, uno de ellos captó poderosamente mi atención en estos días. Dice: “Cuando un trabajador tarda 25 años en pagar su casa de 600 mil pesos, y un ministro de la Corte lo gana en un mes, algo no está bien”.
El contenido del mensaje no es nuevo; lleva años circulando, y señala uno de los temas que, sin duda, causan más enojo en segmentos amplísimos de la sociedad. Irrita profundamente que un empleado público gane sumas totalmente desorbitadas en relación con los ingresos de los miniasalariados. La conclusión, que el meme insinúa, es que ningún empleado público debe tener ingresos semejantes. Otros mensajes con la misma noción han circulado anteriormente, sin embargo, a diferencia de otros momentos, actualmente la creencia popular se ha convertido en política pública.
El criterio en cuestión me ha parecido siempre limitado, pues independientemente de la validez de discutir los niveles de ingreso de los empleados públicos, deja totalmente de lado la fuente básica de la desigualdad en nuestro país: la brutal desproporción en la distribución de la riqueza que se genera. De ésta, un 70%, en número redondos, va al capital y un 30% al trabajo. En la sociedad en general, y esto se refleja en memes y redes, el obsceno enriquecimiento del puñado de mexicanos que concentra el dinero de la nación no sólo no genera la ira que producen los imaginarios salarios de los ministros de la Corte –es falso que alguna vez hayan ganado 600 mil mensuales– sino que ni siquiera se nota. Así, pocos se percatan de que los ingresos de estos jueces, si tuvieran ese monto, cabrían mil veces en el ingreso mensual de, por ejemplo, el más rico empresario minero, cuyas ganancias resultan, estrictamente, de la explotación de un bien propiedad de la nación, el subsuelo. Ofende que un profesional gane 600 mil pesos al mes, pero no que un empresario obtenga mil veces eso, tomándolo de lo que pertenece en común a todos los mexicanos.
La contradicción revela una concepción profunda compartida por una aplastante mayoría de la sociedad: que el capital absorba la inmensa mayoría de la riqueza nacional está bien, pero no está bien que cantidades muchísimo menores se obtengan a cambio de trabajo. Cualquier duda sobre la vigencia de esta forma de pensar quedó disipada por una declaración, que en algún momento se reconocerá como histórica, de la secretaria de la función pública del actual gobierno, el 14 de diciembre de 2018: “Así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a una política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios. Esto no quiere decir poner en riesgo, ni meternos en la discusión de las ganancias”. “Los salarios del mercado tendrían que ajustarse a una nueva moralidad”. (https://www.youtube.com/watch?v=Xzo73fwnuYc).
Las afirmaciones de Irma Sandoval no dejan lugar a dudas ni ambigüedades: los salarios elevados, aun si los paga la iniciativa privada, se riñen con la moral; no así el grotesco enriquecimiento de los dueños del capital. Esas ganancias, cualquiera que sea su monto, sí son morales.
La realidad es, sin embargo, que los países en los que la brecha de desigualdad es mucho menor que en México, y en donde la mayoría de los habitantes ven sus necesidades básicas plenamente satisfechas, han logrado estas condiciones no bajando salarios y aumentando ganancias, sino justo lo contrario. En la Europa capitalista la distribución de la riqueza, en números redondos, es de un 70% para el trabajo y un 30% para el capital, justo al revés que en nuestro país. La razón por la que sólo así se puede superar la pobreza es elemental: no importa cuánto se bajen los salarios elevados, si el trabajo en su conjunto sigue recibiendo tan sólo el 30% de la riqueza, no hay forma en el Universo de satisfacer las necesidades más elementales de la población.
La redistribución de la riqueza no tiene absolutamente nada que ver con eliminar los salarios elevados, sino con modificar la estructura económica para lograr que la mayor parte de la riqueza vaya al trabajo en su conjunto. Esto, por cierto, no afecta el carácter capitalista y de libre mercado de ningún país pues, como se puede observar, con un 30% de esa riqueza, los capitalistas europeos siguen teniendo una gran capacidad de acumular obscenas fortunas.
Algo está evidentemente mal cuando un trabajador tiene que invertir 25 años de trabajo para comprar una casa de 600 mil pesos, pero lo que está mal no es que haya asalariados, públicos o privados, que perciben eso mismo en un mes. Si todos los ministros trabajaran gratis, de sus sueldos no pagados saldrían 132 casas al año ¡pero a México le hacen falta 11 millones de viviendas! Lo que está realmente mal, aunque no convoque a la ira de usuarios de redes y funcionarios de gobierno, es que un puñado de oligarcas, que no llegan a la veintena, y en especial los concesionarios de bienes de la nación, obtengan cada uno, en ese mismo año, ganancias por diez mil veces el valor de una casa.