Jesús Peraza Menéndez
Hay antecedentes graves, Elba Esther Gordillo, la impuesta presidenta permanente del SNTE; Angel Aguirre, gobernador de Guerrero; Graco Ramírez, gobernador de Morelos; Aurelio Nuño, ex secretario de la SEP; Claudio X, del Consejo de Hombres de Negocios, entre otros, declararon abiertamente para el cierre de las Normales Rurales.
El caso de Ayotzinapa se nos presenta como un conflicto espontáneo, casual, es un accidente criminal que se origina porque “estudiantes radicales” secuestran camiones foráneos para ir a “botear” (recolectar dinero) para rentar transporte con el objeto de ocuparlos para trasladarse a la Marcha del 2 de Octubre que se realiza cada año, desde hace 44 años, por la masacre contra el Movimiento Estudiantil, sólo violentan la ley, apuntan las opiniones de la derecha en medios inquisidores apostando a la represión ya. Las policías, en sincronía con el Ejército, coordinando un escenario de guerra aplastan al enemigo e inicia acribillando dos camiones, recuperan otros.
Los estudiantes huyen para reagruparse y son retenidos por policías resguardados por el Ejército, son 43, de los que algunos iban heridos. Asumen que la sociedad festejará su acto; el fanatismo neoliberal iba en ascenso los políticos, funcionarios y empresarios asumieron condición de señores cortesanos, naturalmente escogidos por sus fortunas.
Una investigación periodística recupera datos para asegurar que los dos camiones acribillados lo motivó el hecho de que transportaban 2 millones de pesos de cocaína del cartel de Los Rojos, una facción de los hermanos Beltrán Leyva, preso uno y otro ejecutados por la Marina. Esto le da una explicación de fondo, los mandos del Ejército mexicano en Iguala son parte de la empresa del narcotráfico. Esta perspectiva parece la película “Z” de Costa Gravas en la que el Estado sus aparatos, judicial, policiaco, ejército, empresarios, funcionarios, políticos son una cofradía criminal que viola la ley aplastando a las oposiciones posibles a su control autoritario con la economía toda legal e ilegal, esta última genera mayores ingresos, no paga ni impuestos ni responde a derechos y obligaciones, tiene códigos propios que someten al Estado con la pantalla democrática, las costosas elecciones y manteniendo a los partidos políticos corruptos.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es eminentemente político, no lo motivó inicialmente la carga de cocaína en los camiones secuestrados sino que agrego a la amenaza militar contra las resistencias en la educación pública, responde a condiciones económicas de la mafia del poder, se suman elementos como el tráfico de drogas en este ruta de la Montaña con la descomposición de mandos militares, son parte de esta organización empresarial neoliberal que usa al Estado Mexicano para cobrar rentas, intereses, controlar bienes y empresas públicas, adueñarse de tierras-territorio; comprar, vender y destruir ecosistemas como para minería a cielo abierto o en Yucatán para un fabuloso desarrollo de centros urbanos residenciales exclusivos, de niveles medio, alto y de elite como sucede en la Costa de Guerrero y en Morelos. El último obstáculo son las comunidades con rutas de autonomías produciendo sus alimentos, ingresando remesas por el pago de trabajo en los Estados Unidos.
Murillo Karam el procurador general y Angel Aguirre, el gobernante que debió renunciar, enfrentan verdades distintas, las que “indagó” el Ministerio Público del gobierno estatal que documentó y encarceló a un par de decenas de peones de brega o las de funcionario de la Procuraduría General de la República que detuvo otros tantos, casi 100, pero que los jueces descubren que fue con “tortura”, los liberó sin dejar que prosperara la investigación. Todos son “doctores”en ciencia criminal, en derecho, todos le hacen recomendaciones al presidente AMLO, todos sacan sus esfuerzos personales y en su calidad de funcionarios, gobernantes de lo que aportan sin resolver un crimen, sincronía semejante a otros crímenes políticos del salinismo como el asesinato de Luis Donaldo Colosio que pesa sobre Mario Aburto, la cárcel e inocencia de Raúl Salinas con respecto a su cuñado Mario Ruiz Massieu, se hace “justicia” a la medida de las necesidades del cartel del poder. Un juez de Tamaulipas, mientras tanto, libera a los detenidos por los desaparecidos, huele a podrido, se percata Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
La Comisión de la Verdad acercó al gobierno de AMLO con los desamparados de derecho con justicia y verdad, cuando los padres de los estudiantes desaparecidos tienen un sentimiento de confianza que se vuelve esperanza es la de llegar a la verdad con justicia.