EN EL TABLERO laboral de Yucatán empieza a moverse con fuerza el Sindicato de Trabajadores del Transporte, Energía, Construcción, Comunicación, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (STTECCIMM), que avanza en la consolidación de su estructura estatal y muestra un crecimiento sostenido acorde a las nuevas dinámicas del trabajo y a la necesidad de una representación más efectiva de la fuerza laboral.
La organización es encabezada en la entidad por Jorge Alberto López Murillo, quien ha impulsado una estrategia de fortalecimiento institucional basada en la integración de liderazgos regionales, muy distinta a la CATEM.
En Kanasín (Elvis Adán Vázquez Chi), Umán (Mardoqueo Uicab Sáenz), Progreso (Herbert Celis Gómez), Halachó (Manuel Canul Barredo) y Muna (María Cecilia Ku Góngora).
Dato que no pasa desapercibido en el círculo sindical: el crecimiento del STTECCIMM ya se lee como franca competencia para la CATEM y su delegado Peniche Marenco. En tiempos de reacomodos, quien suma estructura, suma poder. Y aquí, la carrera ya empezó.
TRASCENDIÓ QUE AHORA que comienzan a conocerse los nombres de los beneficiarios de las viviendas del CONAVI —programa operado por la Secretaría del Bienestar federal— el malestar dentro de Morena va en aumento. Militantes y simpatizantes del partido guinda han comenzado a alzar la voz ante la mínima inclusión de su base en dicho programa.
Lo que más ruido ha generado es que, según múltiples quejas internas, la mayoría de los beneficiarios identificados resultan ser simpatizantes del PAN y del PRI, quienes —dicen— fueron “inteligentemente” orientados a inscribirse, aprovechando la notoria ineptitud, ineficacia y falta de interés del delegado federal Rogerio Castro.
Pero ahí no termina el asunto. Información considerada fidedigna señala que el delegado trata con desdén a funcionarios del Gobierno del Estado y a alcaldes que se le acercan para exponerle que su gente no fue considerada en el programa, llegando incluso —dicen— a “despacharlos con la punta del pie”.
Este tema podría escalar en cuanto llegue a oídos de instancias federales o, en su caso, al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Los problemas se siguen acumulando para Rogerio Castro, y no son pocos los que advierten que este cúmulo de inconformidades podría convertirse, más temprano que tarde, en un serio problema político.
POR CIERTO QUE la visita de funcionarios de la CONAVI a la comisaría de Sitilpech, en el municipio de Izamal, para explicar a la población el proyecto de construcción de nuevas viviendas en terrenos previamente donados, no transcurrió precisamente en un ambiente de cordialidad.
Según versiones recogidas en el lugar, un reducido grupo de personas —no más de una veintena— habría irrumpido en la reunión con gritos, insultos y consignas, no solo contra los representantes federales, sino también en contra del gobernador del Estado. Los señalamientos apuntan a que el grupo estaría encabezado por el excomisario Hervé Uc, conocido en la región por su cercanía con estructuras políticas del pasado, particularmente de los tiempos del PRI.
No pasó desapercibido que dicho grupo presuntamente dañó con palas y martillos parte del avance de obra ya existente, acción que —de confirmarse— podría constituir un delito grave al tratarse de un programa de beneficio social que contempla 50 viviendas para familias de las comisarías.
Más tarde, los habitantes de la comisaría comentaron que Hervé Uc recibía instrucciones y apoyo económico del exalcalde de Izamal, Warnel May, quien actualmente enfrenta un proceso legal y porta brazalete electrónico. Se dice que el objetivo sería reventar cualquier evento, programa u obra vinculada a gobiernos emanados de Morena.
Vecinos recuerdan que durante la gestión municipal de Warnel May se habría autorizado un expendio de cerveza que terminó operando en un predio familiar del hoy señalado excomisario, concretamente en la casa de su suegro. No faltan las quejas de jóvenes encargadas del negocio, quienes —según se comenta— habrían padecido constantes molestias de personas en estado inconveniente, con afectaciones a la tranquilidad de la zona, además de situaciones incómodas para mujeres que transitan por el lugar.
Cabe señalar que Hervé Uc ya habría intentado, sin éxito hace un año, ganar una elección comunitaria como comisario ejidal, incluso —dicen— recurriendo al reparto de comida. La derrota fue contundente y, aseguran los pobladores, obedeció a la percepción negativa que arrastra por su presunta relación con prácticas de corrupción y personajes de mala fama.
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA y también suspirante a la alcaldía por Morena, Ermilo Barrera Novelo, designó como su enlace territorial a su subsecretario, Luis Borjas Romero, una decisión que no pasó desapercibida entre quienes siguen de cerca la grilla local.
Más de uno le ha advertido a Barrera que Borjas Romero ha sido, durante años, incondicional de Jorge Carlos Ramírez Marín, una lealtad forjada en otras etapas y otros proyectos. Sin embargo, el propio Borjas se ha encargado de marcar distancia y asegurar que esa relación pertenece al pasado.
Según la versión que corre en los corrillos políticos, Borjas sostiene que Ramírez Marín no lo respaldó ni durante procesos de campaña ni en su posterior incorporación al gobierno estatal, razón por la cual —dice— ya no mantiene compromiso político alguno con el senador.
Aun así, mientras se habla de un distanciamiento formal, en los hechos pareciera que los hilos no se han cortado del todo. La duda persiste en el ambiente político: ¿a quién responde realmente la estructura territorial que hoy comienza a tejerse alrededor del proyecto de Ermilo Barrera? En política, las lealtades rara vez se rompen; solo se administran.
EL DIRECTOR DEL CECITEY, Jerónimo Escalante Pavía, carga con una preocupación que no ha trascendido al gran público, pero que él mismo ha compartido en círculos cercanos y que, aseguran, sí le quita el sueño.
El detalle no es menor. En los diversos eventos realizados en el interior del estado con motivo de los informes regionales del gobernador Joaquín Díaz Mena —a los que Escalante ha acudido puntualmente— no ha sido presentado en ninguno por los responsables de protocolo, a diferencia de otros funcionarios estatales, incluso de menor rango.
La omisión ha sido constante, sin excepción, lo que para muchos ya no se explica como un simple descuido logístico. Entre los enterados, el asunto se interpreta de dos formas: o Jerónimo Escalante ha dejado de ser del agrado del primer círculo del gobierno estatal, o bien, por alguna razón, habría solicitudes expresas de alcaldes para que su nombre no sea mencionado.
Sea cual sea la explicación, el mensaje es claro y no pasa desapercibido en la grilla. El silencio institucional también comunica, y habrá que ver qué lectura se impone en el corto plazo y qué consecuencias trae para el futuro político del director del CECITEY.
AHORA QUE EL Ayuntamiento de Mérida ha comenzado a poner orden en asuntos urbanos largamente postergados, no faltan quienes ven en el discurso técnico y la planeación una nueva veta de oportunidad… pero para intereses muy personales.
En ese contexto, vecinos del fraccionamiento La Ceiba comentan que el exdirector de Desarrollo Urbano, José Antonio Peniche Gallareta, ha emprendido una cruzada para presionar a la autoridad municipal con el fin de municipalizar un área que, desde su origen, opera bajo régimen de condominio. La intención, dicen, es clara: trasladar al municipio responsabilidades que históricamente corresponden a los propios condóminos.
Trascendió entre residentes que un grupo de empresarios mostró interés en adquirir una zona del fraccionamiento para desarrollar instalaciones recreativas y mejorar infraestructura urbana que lleva décadas en el abandono. Sin embargo, Peniche Gallareta habría optado por dividir a los vecinos, promoviendo la idea de que sea el Ayuntamiento —y no la inversión privada— quien asuma obras y mantenimiento, pese a que legalmente no tiene injerencia directa sobre áreas en propiedad proindiviso.
Los vecinos inconformes recuerdan lo elemental: conforme a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán, la administración y el mantenimiento de esas áreas son responsabilidad exclusiva del condominio. Nada de eso parece importar cuando el objetivo es cambiar las reglas del juego y cuando algunos residentes, por edad y por la tranquilidad histórica de la zona, no están dispuestos a seguir una agenda ajena.
Más aún, en diversas reuniones —y echando mano del Colegio Yucateco de Arquitectos— el exfuncionario ha planteado que el programa parcial de La Ceiba II sea incorporado a los planes del Implan, y que él mismo sea contratado por el municipio para elaborar los estudios técnicos correspondientes. Todo ello, según relatan vecinos, acompañado de advertencias de “acudir a la prensa” y otras presiones que más de la mitad de los residentes no está dispuesta a respaldar.
Así las cosas, todo apunta a que el Ayuntamiento de Mérida podría verse obligado, una vez más, a mediar en un conflicto entre particulares, mientras algunos “gurús” del urbanismo confunden el interés público con la conveniencia privada. En Mérida ya se sabe: cuando el orden empieza a llegar, a varios se les descompone el negocio. Es una privada… y la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué municipalizarla ahora, cuando no se hizo ni siquiera cuando Peniche Gallareta era funcionario?
A veces, la verdadera noticia no está en lo que se dice, sino en dónde se dice…