Madres buscadoras de Quintana Roo y el colectivo Xtabay exhibieron presuntas prácticas de corrupción en los operativos de localización de personas, al señalar que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) les solicitan dinero para gasolina y viáticos como condición para salir a campo.
Lo anterior, pese a que a la FGE de Quintana Roo se le autorizaron más de 2 mil 500 millones de pesos de presupuesto a ejercer en el 2026.
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Desaparecidos en Quintana Roo: 71 fichas de búsqueda fueron activadas solo en enero
Las denuncias surgen en un contexto de aumento de reportes de desaparición durante el primer mes del 2026 y de retrasos en la activación de fichas de búsqueda.
El colectivo Madres buscadoras mantiene 28 indagatorias activas de personas desaparecidas, la mayoría en la entidad, por lo que han intensificado las labores de localización, mediante recorridos en 11 centros de rehabilitación de Cancún y Playa del Carmen, como parte de una estrategia previa a los trabajos en campo.
Dicha estrategia ha generado resultados positivos, ya que dos personas reportadas como extraviadas han sido localizadas con vida en centros de rehabilitación.
Al cierre de la tercera semana de enero, al menos 71 fichas de personas desaparecidas se mantenían activas en Quintana Roo, con una concentración significativa de casos en Cancún, según reportes oficiales de la FGE y la Comisión de Búsqueda que alertaron sobre el inicio de año en la región.
Benito Juárez encabeza la lista con el mayor número de desapariciones, al registrar 164 personas sin hallar, de las cuales 118 son hombres y 46 mujeres.
“Para 2026, los diputados del Congreso de Quintana aprobaron un aumento presupuestal significativo a la Fiscalía estatal, que supera los 2 mil 500 millones de pesos, supuestamente buscando fortalecer la procuración de justicia y mejorar las investigaciones, un aumento de casi 800 millones cuando ejercieron mil 701 millones durante el año pasado”, señaló la abogada Ariadne Song Anguas, del colectivo Xtabay.
“Nos dijeron que si queríamos que salieran ese mismo día necesitábamos cooperar para la gasolina de las patrullas. Fueron 800 pesos que juntamos entre varias madres”, relató María Fernanda Poot Cahuich, integrante de la mencionada agrupación y madre de un joven desaparecido en la zona sur del estado.
Aseguró que la solicitud no es nueva, pues desde hace varios años es práctica de los agentes ministeriales adscritos al área de investigación de campo.
Un testimonio similar ofreció Rosa Isela Vázquez Morales, quien quiere encontrar a su hermana desde diciembre.
“Me pidieron mil pesos para ‘acelerar’ la búsqueda y que un perito pudiera acompañarnos, si no, decían que el expediente seguía en integración”, afirmó.
Ana Lucía Herrera Cruz, de Playa del Carmen, denunció que tardaron más de 72 horas, “pero sabemos de casos que hasta tardan meses en activar la ficha de las víctimas”.
“Cada hora cuenta. Ellos hablan de protocolos, pero en la práctica te dejan sola”, sostuvo.
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El colectivo Xtabay cuestionó la falta de transparencia en el uso del presupuesto destinado a la Comisión de Búsqueda y a la FGE.
Aunque la Fiscalía cuenta con una partida anual para personal, vehículos, combustible y peritajes, las madres señalan que en los hechos la mayor parte del gasto no se refleja en trabajos de campo. “Vemos oficinas, pero no brigadas constantes en territorio”, señaló Leticia Sosa Aguilar, vocera del colectivo.
Datos internos compartidos por activistas indican que una parte significativa de las denuncias permanece “en integración” sin acciones reales durante días o semanas, lo que retrasa la activación de alertas y la coordinación con policías, peritos y servicios forenses. La pregunta central, insisten, es por qué la búsqueda inmediata falla cuando existen recursos asignados.
Las madres exigen una auditoría pública del presupuesto, un desglose del porcentaje que realmente se destina a salidas de campo y la publicación del número real de policías, peritos y vehículos disponibles para búsquedas. “No pedimos favores, exigimos que se cumpla la ley. Nuestros familiares no pueden esperar a que alguien junte dinero para que una patrulla salga”, concluyó Poot Cahuich.
