El derecho siempre ha tenido un problema estructural: llega después. Después del conflicto, después del daño, después de que la realidad social ya cambió. Pero en el mundo actual, esa distancia entre el hecho y la norma ya no es solo un defecto técnico: es una fuente directa de vulneración de derechos.
Vivimos una etapa en la que los fenómenos sociales lesivos evolucionan a una velocidad inédita. La violencia digital, la manipulación mediante inteligencia artificial, la sobreexposición de niñas, niños y adolescentes, las nuevas formas de explotación, acoso y extorsión, no surgieron en el vacío. Surgieron en un entorno donde la tecnología avanzó más rápido que la capacidad del Estado para crear derecho.
El problema no es únicamente que no existan leyes específicas. El problema es que la lentitud legislativa no es neutral. Mientras el Congreso debate, consulta o posterga, el daño continúa. Y en ese lapso, el vacío normativo se convierte en una zona de impunidad práctica. Cuando no hay norma clara, la víctima queda desprotegida; la autoridad, limitada; y el agresor, amparado en la ambigüedad. No porque el Estado lo permita expresamente, sino porque no llegó a tiempo para impedirlo.
Durante décadas, el modelo legislativo se ha construido sobre una lógica reactiva: se legisla después del escándalo, después de la presión mediática o después de que el daño se volvió imposible de ignorar. Esa lógica hoy es insuficiente. La complejidad de los nuevos fenómenos exige anticipación normativa, no sólo corrección posterior. Un Estado que sólo reacciona, renuncia, de facto, a su función preventiva. Normaliza prácticas dañinas mientras no tengan nombre jurídico. Y traslada el costo social de la omisión a quienes menos herramientas tienen para defenderse.
La brecha entre realidad social y arquitectura jurídica nunca había sido tan profunda. Seguimos intentando encajar conductas inéditas en categorías diseñadas para otro siglo. Seguimos forzando interpretaciones para cubrir vacíos que el legislador no quiso o no supo atender. El resultado es un derecho cansado, que llega tarde al conflicto y débil a la protección. Esto no es un debate académico. Tiene consecuencias reales. Cuando una conducta lesiva no está claramente tipificada, el mensaje social es claro: no es tan grave. Cuando el daño no se nombra, se invisibiliza. Cuando la ley no actúa, la sociedad aprende –erróneamente– que lo no prohibido es tolerable.
Legislar a tiempo no es sinónimo de legislar mal. Tampoco implica populismo penal ni improvisación. Implica reconocer que el derecho cumple también una función pedagógica: fija límites, orienta conductas y envía mensajes claros sobre lo que una sociedad considera inaceptable. La verdadera discusión no es si el derecho debe adaptarse a los cambios sociales. Esa discusión ya está superada. La pregunta es cuánto daño estamos dispuestos a tolerar mientras la ley decide alcanzarlos.
Un derecho moderno debe ser ágil, sí, pero también técnicamente sólido. Debe construirse con diagnósticos interdisciplinarios, con evidencia empírica y con visión de futuro. Debe prever escenarios, no solo reaccionar a catástrofes. Porque cuando la ley llega tarde, el daño ya ocurrió, la víctima ya pagó el precio y la confianza en el Estado ya se erosionó. Y esa pérdida de confianza es, quizá, el costo más alto de todos.
El reto no es legislar rápido. El reto es no seguir legislando tarde.