La solución al problema penitenciario que registra Quintana Roo, se resuelve con 2 mil millones de pesos. Esa es la cifra que ha establecido como objetivo conseguir el gobierno del Estado para de una vez por todas aterrizar un proyecto integral que sea de inversión pública y privada para tener un nuevo penal en la entidad.
El proyecto ya se encuentra en fase de análisis de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobierno, e incluso, ya fue entregado al Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad para que sea valorado.
Lo anterior se debe a que el proyecto tiene que cumplir con los parámetros que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El objetivo es que el nuevo penal -que no sería de alta seguridad, pero sí con mayor capacidad y tamaño-, se ubique en la zona norte, debido a que en estos municipios se concentra la mayor población carcelaria de Quintana Roo.
Se trata de una cárcel que tendría espacio para la clasificación de internos, algo que no existe en la actualidad y lo cual ha significado uno de los principales problemas que viven los penales de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
La proyección que tiene el gobierno del Estado es encontrar un equilibrio en el financiamiento para la construcción del penal, ya que el presupuesto de edificación es muy alto.
La propuesta que se tiene en la mesa es que la nueva cárcel se construya con recursos tanto públicos como privados, para con ello aterrizar el proyecto, el cual ha sido calificado como urgente para la entidad.
Por ahora, se tiene dos opciones reales para construir el proyecto. En este punto se retomaría el terreno de 40 hectáreas que se ubica en los alrededores del poblado de Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos.
Este punto es el más accesible para cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece que los reos deben ser juzgados dentro de un perímetro donde cometieron los delitos.
De hecho, esta ley es la que ha generado que las cárceles de Cancún y Playa del Carmen permanezcan en sobrepoblación y en hacinamiento para los reclusos, ya que jurídicamente se tarda un promedio de seis meses a dos años trasladar a un reo considerado como de alta peligrosidad, a otro penal de mayor capacidad.
Por esta razón es que el proyecto ejecutivo del nuevo Centro de Readaptación Social (Cereso) que tendrá Quintana Roo, busca ser ubicado en la zona norte.
El proyecto que maneja el estado es de una capacidad para albergar una población entre 2 mil 500 y 2 mil 600 reclusos, y se ha proyectado que sea un centro penitenciario debidamente diseñado, en el que los internos estén separados de acuerdo al nivel de peligrosidad.
En coordinación con la Policía Federal, se trabaja en una estrategia que permita que todos los reclusos de índole federal en las cárceles o centros de retención del estado, puedan ser llevados a cárceles federales; con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se busca que todos los internos que no requieran o merezcan prisión, sean liberados, lo cual redundará en que al momento de tener el nuevo Cereso no se tenga hacinamiento en el corto plazo.
En teoría, el nuevo penal de Quintana Roo estaría listo en tres años para funcionar al 100 por ciento, si es que se consiguen los recursos por el orden de los 2 mil millones de pesos aproximadamente.