De la Redacción
CHETUMAL, 26 de septiembre.- Resoluciones que parecen de complicidad de la autoridad judicial atentan contra la tenencia de la tierra en Bacalar, esto a pesar de tener toda la documentación en su favor, le fue negada la restitución de un predio a un inversionista del Pueblo Mágico, cuando está cerca de cumplirse un año desde que fue despojado de un terreno con alto valor comercial
Linda Argáez Calderón, presidenta de la Asociación de Hoteles de Bacalar, advirtió que la especulación inmobiliaria, invasión de terrenos y carencia de servicios públicos son los riesgos inmediatos que enfrentará Bacalar ante el próximo inicio de las obras del Tren Maya.
Señaló que “se están registrando intentos de invasiones amparados con documentos apócrifos, sin valor legal, que están provocando litigios en tribunales y la angustia entre los verdaderos propietarios de esos terrenos. De no actuar las autoridades, estos escenarios se van a intensificar en los próximos meses ante la evidente plusvalía que ya están registrando los terrenos aledaños a la ruta del Tren Maya, lo cual es absurdo porque el propio director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que todo lo relacionado con el trazo aún no es definitivo, pero lamentablemente la especulación ya comenzó”.
Y la muestra más clara de que la tenencia de la tierra es un problema en Bacalar, ante el interés de grupos invasores para despojar a los propietarios de predios de alta plusvalía, es el caso del empresario Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez, quien a pesar de tener toda la documentación respecto a un predio costero, las autoridades no sólo permiten que hasta la fecha delincuentes mantengan la posesión del predio sino que lo siguen comercializando.
Grave resulta que durante la presente semana se llevó a cabo la audiencia donde se abordó la restitución del predio al agraviado, pero con argumentación que parece complicidad con los invasores, le fue negada la devolución del terreno al empresario.
Lo delicado del caso es que funcionarios de la actual administración están siendo involucrados y las autoridades policiales permiten que los invasores se mantengan promoviendo venta de terrenos que tienen legítimos propietarios; mientras que las autoridades municipales expiden documentos irregulares que favorecen los despojos y las operaciones ilícitas de compraventa.
De tal manera, la corrupción e impunidad afectan la inversión en Bacalar, atractivo turístico del sur de Quintana Roo en pleno auge. Lo anterior ante los fraudes inmobiliarios y despojos que se realizan, y de los cuales la Fiscalía General del Estado no está cumpliendo con prontitud su encomienda, pues su excesiva demora en actuar presume complicidad de algunos de sus funcionarios.
En el caso en cuestión figuran nombres de autoridades estatales como Francisco Atondo Machado, director zona norte de la Sedarpe, por lo que aparenta ser una red de delincuencia organizada para efectuar fraudes y despojos.
Atondo Machado, de manera indebida, se ha ostentado como propietario de un predio y bajo una posible red de abogados y corredores inmobiliarios han pretendido vender dicho predio ubicado en la Avenida 5, también conocida como Costero de Bacalar Norte número 1219, después que de dicho inmueble fue despojado hace casi un año a su legítimo dueño, como fuera denunciado en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/ATP/09/634/2017, iniciada por el delito de despojo.
Mientras, las autoridades no restituyen el predio al propietario y los invasores piden 8 y 12 millones por el terreno de Bacalar.
Aun cuando está vinculado a proceso y en prisión preventiva, Francisco Daniel Vázquez Balam, alias “Dagos”, por despojar al señor Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez del predio ubicado en la Avenida 5, también conocida como Costero de Bacalar Norte número 1219, entre las avenidas 40 y 42, el terreno continúa en manos de invasores que siguen buscando compradores para seguir sacando provecho económico de la plusvalía del predio, ubicado a la orilla de la Laguna de Bacalar.
Es extraño que dentro de las diligencias que se realizaron para asegurar al sujeto que primero defraudó por más de un millón de pesos y luego invadió el predio, no se incluyera el aseguramiento del terreno. Lo anterior estaría generando más perjuicios y delitos en este caso.
Sobre este asunto es importante añadir que autoridades municipales otorgan documentación que sirve a los invasores para despojar a los propietarios.
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