Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 10 de octubre.- Sin cumplirle a la ciudadanía en el combate a la corrupción, el Secretario de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, compareció ante integrantes de la XVI Legislatura.
Los legisladores manifestaron su inconformidad porque una y otra vez el titular de la Secoes evadió cuestionamientos y en lugar de ello pretendió hacer una presentación de “cifras alegres” lo más extensa posible, al grado de que diputados le pidieron acelerar en diversos puntos que sólo eran relleno.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura, Euterpe Gutiérrez Valasis, mencionó que la corrupción es una de las peores herencias de gobiernos anteriores, por lo que su combate es uno de los temas más importantes en cualquier nivel de gobierno.
Manifestó que de acuerdo con el Barómetro de la Corrupción de América Latina 2019, vía Transparencia Internacional del Imco, nueve de cada 10 mexicanos aún declaran que la corrupción sigue siendo un problema para el país.
De hecho, la percepción de los diputados durante la comparecencia de del Pozo Dergal fue una clara muestra, siendo que no generó confianza en que se avanza en el combate a la corrupción, pues realmente el número de funcionarios sancionados, inhabilitados y destituidos es menor en comparación con el monto multimillonario del daño a la Hacienda pública estatal de la pasada administración.
Durante la presentación del titular de la Secoes, éste trató de manifestar que es la dependencia la que ha cumplido al 100 por ciento las obligaciones de transparencia, cuando existen serios cuestionamientos de contratos millonarios por servicios profesionales que mantiene ocultos, ante las irregularidades que presentan.
Otro tema que llamó la atención de los diputados es la falta de transparencia de instancias como el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas, la Cojudeq, el Instituto de la Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo. Además que sólo 4 de los más de 50 entes que tienen obligaciones de transparencia cuentan con un órgano interno de control adecuado.
Las diputadas Euterpe Gutiérrez, Reyna Durán Ovando y el diputado Edgar Gasca Arceo, consideraron que la comparecencia del contralor estatal no cumplió con las expectativas de los ciudadanos, quienes aún están a la espera de los resultados del cambio prometido y acciones concretas en el combate a la corrupción.
Si bien, se debe ponderar el derecho a la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso de las investigaciones, los legisladores consideraron que se debe informar a la ciudadanía el estado de las investigaciones promovidas en contra de los funcionarios de la pasada administración, cuáles han sido las sentencias o sanciones obtenidas, así como el monto del dinero que se ha recuperado.
El diputado Edgar Gasca Arceo, integrante de la comisión, señaló que no todas las dependencias del gobierno de Quintana Roo están cumpliendo con los parámetros de transparencia, situación que provoca se incremente el nivel de hartazgo y de molestia de los quintanarroenses.
Gasca Arceo dijo que el propio Congreso es ejemplo de ello, pues a pesar de que existen denuncias por la desaparición de millones de pesos por concepto de ayudas sociales, pareciera que no ocurre nada por aclarar esta situación.
El legislador criticó también las denominadas contralorías sociales, ya que desde su perspectiva son mera simulación, pues en ocasiones los líderes de colonia de un determinado partido son quienes terminan siendo los que firman de conformidad la realización de obras millonarias, cuando éstas se realizaron con mucho menos recursos.
Por su parte, el diputado Roberto Erales Jiménez, del grupo legislativo del PT, lamentó que la Secretaría de la Contraloría, siendo una institución muy importante para la vida administrativa y para combatir la corrupción en nuestra entidad, no haga cumplir la ley.
Erales Jiménez señaló el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, donde algunos funcionarios en puestos directivos no cumplen con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, donde se establece una residencia mínima de 5 años para cargos de subsecretario, director general, director de área, subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central y sus equivalentes en la administración pública paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya.
En reiteradas ocasiones el contralor estatal se excusó diciendo que no era su atribución hacer consideraciones políticas sobre el tema. Después respondió que la ley marcaba algunos casos de excepción para titulares de Seguridad Pública, Erales Jiménez insistió en que el incumplimiento de la ley se presenta en mandos directivos donde se manejan recursos públicos.
El diputado del PT insistió en que no se trataba de un tema político, sino de un tema de ley. Posteriormente, le entregó una copia de los artículos en cuestión, así como los datos de un nombramiento que presuntamente incumplía estas disposiciones.
La diputada Reyna Durán Ovando, del grupo legislativo del Morena, reconoció los esfuerzos por utilizar las herramientas y plataformas tecnológicas para el combate a la corrupción; sin embargo, dijo que éstas no están al alcance de la mayoría de la gente, ya que no todos cuentan con una conexión a internet.
Durán Ovando manifestó su preocupación por el hecho de que la gran mayoría de los funcionarios públicos de la pasada administración que fueron denunciados por algunas irregularidades hayan salido libres y sin devolverle al pueblo lo robado.