De la Redacción
El gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún no dan a conocer de manera oficial el estatus de Raúl Luis Martins Coggiola, detenido el pasado 4 de octubre en Cancún
Hasta el momento en México se desconoce ese estatus, mientras el gobierno argentino maneja la situación como una posibilidad, al calificar el hecho de que Raúl Luis Martins inició su trámite de naturalización en México y particularmente en el estado de Quintana Roo.
En Argentina, el gobierno, a través de la Cámara Federal, ya maneja una síntesis de la detención de Raúl Luis Martins. En el documento se explica a detalle todo lo que se da en torno al caso
De entrada explica que “Raúl Martins fue detenido en Cancún, México, por las autoridades migratorias de ese país, en línea con el exhorto que había ordenado el Juzgado Federal N°1 solicitando su extradición por encontrarse procesado con prisión preventiva y un embargo que alcanza 10 millones de pesos, en el marco de la causa en la que se investiga una organización criminal presuntamente liderada por él.
La detención preventiva fue con fines de extradición, en línea con lo resuelto por la magistrada en septiembre, decisión que luego había sido confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en septiembre de este año.
Como consecuencia, el juzgado libró el exhorto a las autoridades mexicanas solicitando la detención preventiva con fines extradición y, al mismo tiempo, solicitó al jefe del departamento de Interpol la captura internacional a esos fines de Martins. Al día siguiente, ese organismo emitió la notificación roja respecto del hombre acusado de proxenetismo y lavado de dinero.
Todas las medidas tienen su origen en una presentación conjunta que realizaron la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto con la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Federico Delgado, en diciembre de 2018. Dentro de las diligencias solicitadas se encontraba la detención con fines de extradición de Martins.
El hombre está procesado por el delito explotación de la prostitución ajena y por asociación ilícita. Asimismo, deberá responder a la imputación por el delito de lavado de activos.
Ahora se inicia un proceso en base al Tratado de Extradición vigente entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, en el marco del cual las autoridades de aquél país deberán decidir sobre la entrega de Martins a las autoridades judiciales argentinas, de acuerdo a los hechos por los que ha sido requerido.
En el caso interviene la Fiscalía General de México, junto al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México”, detalla el documento al que tuvo acceso el Por Esto!
La justificación del caso
Así, luego de casi tres lustros de impunidad, el exagente de inteligencia argentino, Raúl Luis Martins Coggiola, fue arrestado en Cancún, ante la solicitud realizada por el gobierno argentino, al estar ligado con una red de trata de personas en aquel país y México.
La presunta red de trata del exagente de inteligencia en este destino turístico y Playa del Carmen no podría entenderse sin la protección, no sólo del Instituto Nacional de Migración (INM), sino además de funcionarios locales, que incluso simularon actos de autoridad para el funcionamiento de sus table dance en el Caribe mexicano, cuyo principal atractivo eran las mujeres sudamericanas.
De acuerdo con medios del país sudamericano, la aprehensión de Raúl Martins llegó como consecuencia de la decisión de la Cámara Federal de ese país de confirmar el 3 de septiembre el procesamiento y pedido de prisión preventiva solicitados por una jueza federal y de esta manera se dio luz verde para requerir la extradición a México.
Cabe recordar que en febrero de 2007 estalló el escándalo de la presencia de Martins en Cancún, convertido en el zar de la prostitución VIP de este destino turístico, el más importante de México y del Caribe.
Claudio Lifschitz, su exabogado en ambos países, dio a conocer la forma en la que operaba Raúl Martins, a través de los “tables” denominados “The One”, en Cancún, y “Maxim”, de Playa del Carmen, en los que unas 150 mujeres ejercían la prostitución.
El abogado aseguró que los mejores clientes de Martins eran narcotraficantes, empresarios y políticos de Quintana Roo, no sólo en sus locales, sino que las jovencitas eran enviadas a fiestas privadas en mansiones, yates o cruceros. A pesar de estos señalamientos, formulados desde Buenos Aires, Argentina, Martins conservó la apertura de sus negocios y su permanencia legal en México a través de amparos.
Profesor de historia, agente de la SIDE, dueño de una red de centros de prostitución, es un hombre al que siempre se ligó con videos sexuales extorsivos a jueces, funcionarios y políticos.
En 2012, Lorena Martins denunció a su padre por la presunta red que tejió para enviar mujeres desde Argentina a prostíbulos ubicados, primero, en Baja California, y después en Quintana Roo. Así lo dijo.
Denunciado ininterrumpidamente por décadas, tanto por fiscales como por la organización argentina La Alameda, Martins se las ingenió siempre para que las acusaciones en su contra nunca prosperaran. Ni siquiera las pruebas aportadas por su hija Lorena sobre su condición de tratante de mujeres habían logrado ponerlo en serio riesgo.
El caso se inició en 2010 por un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa, que quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 5, se relaciona con la compra de campos en San Roque y Villa Carlos Paz (Córdoba) y Colonia San Jorge (Santa Fe).
En el expediente original también estaba acusada Cledi Presilla Coggiola, madre del ex agente de la SIDE, pero la acción penal contra ella se extinguió ya que falleció el 17 de enero de 2018. Contra Cledi no habrá juicio, aunque su muerte no suspende el congelamiento de los bienes que la anciana habría comprado presuntamente con el dinero que su hijo Raúl obtuvo de manera ilegal.
En cuanto a Mariano Martins, que arriesga una pena de entre 3 y 10 años de prisión, el proceso a cargo de Casanello se hizo a distancia. Como el hombre está radicado en Valencia, España, en 2015, cuando hubo que tomarle declaración indagatoria, se hizo vía teleconferencia.
En ese momento, como era de esperar, Mariano se declaró inocente. Aseguró que desconocía que su padre “se dedicaba a la trata de personas” y agregó: “Jamás tuve intención de dar apariencia de lícito a monto alguno que mi padre hubiera obtenido de manera ilícita. Las operaciones en las que participé se hicieron antes de que yo supiera a qué se dedicaba mi padre. Tengo la convicción que el dinero depositado no era de mi padre, sino de mi abuela, que siempre tuvo mucho dinero”.
Nada de esto convenció a la fiscal federal Paloma Ochoa, que en diciembre del año pasado le pidió a Casanello que lo enviara a juicio, cosa que ocurrió la semana última.
Desde 2010, en el juzgado federal N° 1 de María Romilda Servini de Cubría, se tramita la causa que hoy más complica a Raúl Martins y a la que el fiscal Federico Delgado y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) quieren que se le sume la acusación de lavado de activos.
Se trata de una investigación que junta datos de cuatro expedientes interconectados, uno de los cuales tiene como denunciante a Lorena Martins, hija de Raúl y hermana de Mariano.