De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 27 de noviembre.- La ejecución del empresario restaurantero don Dionisio en la colonia Colosio por no pagar “derecho de piso” a un grupo delincuencial, causó una gran indignación entre los diversos sectores de la sociedad, que a una sola voz exigen al gobierno federal, estatal y municipal, actúen de una vez por todas en contra del crimen organizado, porque mientras pregonan “abrazos y no balazos”, el crimen organizado sigue con su embestida de extorsión matando a quienes no pagan, provocando el cierre de negocios, además del daño a la imagen turística por la escalada de narco-violencia con 179 ejecutados en este 2019, casi duplicando los 98 del año pasado que había sido el más sangriento en la historia de Solidaridad y por la desconfianza a la Fiscalía General del Estado por su supuesta corrupción, las víctimas no presentan su denuncian en la recién creada Unidad Antiextorsión.
En su edición de este miércoles, este diario publicó oportunamente que la imparable espiral de narco-violencia ocasionada por el crimen organizado, incrementó a 179 la sangrienta cifra de ejecutados en este 2019, con la ejecución a balazos en la cabeza por presunta extorsión del dueño de la cocina económica “Rosy” ubicada en la populosa colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, exhibiendo por enésima ocasión el rotundo fracaso del gobierno federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública.
Alrededor de las 21:00 horas del pasado martes, Dionisio "N" dueño de la cocina económica “Rosy” ubicado en la avenida 10 con calle 92 de la colonia Colosio se encontraba en el negocio, cuando fue sorprendido por dos sujetos que arribaron a local y uno de ellos realizó dos disparos mortales en la cabeza para posteriormente correr sobre la calle 92 hacia la Quinta avenida, donde se presume que abordaron una motocicleta para emprender la huida.
Representantes de los sectores empresarial y social, por enésima ocasión desde que estalló la narco-violencia en el mes de septiembre del año 2016, exigieron al presidente de la república, al gobernador del estado y la presidenta municipal de Solidaridad, que asuman su responsabilidad y actúen con mano firme en contra del crimen organizado, porque en lo que respecta a la parte de la prevención del delito, el secretario estatal de Seguridad Pública, el cuestionado Alberto Capella Ibarra y el encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Robles Aguilar, han demostrado su inexperiencia policíaca y los resultados están a la vista de todos, se padece una brutal embestida de extorsión y un derramamiento de sangre interminable con 179 ejecutados en este 2019.
El pasado 11 de octubre, en conferencia de prensa ofrecida en esta ciudad, el Fiscal General del Estado (FGE) el polémico Oscar Montes de Oca Rosales, anunció la creación de la Unidad Antiextorsión con el número de WhatsApp 984 100 92 62 las 24 horas y los 7 días de la semana, donde el comerciante, empresario y ciudadano será asistido en caso de ser víctima de extorsión telefónica, virtual o presencial; sin embargo, por la corrupción que caracteriza esta dependencia y el negro historial de sus responsables, los empresarios deciden no denunciar, y pagar, y quienes no pagan son ejecutados como ocurrió la noche del pasado martes con don Dionisio, quien hace apenas tres meses abrió su negocio de comida “Rosy”.
Finalmente, la desconfianza hacia la FGE y a la Unidad Antiextorsión, tiene sustento porque el pasado 31 de julio, a un día de haber interpuesto una denuncia ante la FGE por el delito de extorsión, un joven empresario fue ejecutado con el tiro de gracia, ante la mirada de sus trabajadores cuando se encontraba dentro de su negocio, una tienda de materiales para la construcción ubicada en el segundo parque del populoso fraccionamiento Villas del Sol, la Policía Municipal llegó al lugar para acordonar el área y preservar la escena del crimen, pero sin personas detenidas, ante la incapacidad y/o complicidad de las autoridades del gobierno estatal y federal, para garantizar la seguridad a los ciudadanos, y a empresarios quienes tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado.