Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 5 de noviembre.- Una auténtica traición al pueblo de Quintana Roo se realiza por parte del Poder Legislativo y la Secretaría de Gobierno de la entidad, al decidir publicar la Ley de Protección y Bienestar Animal que afectará severamente a miles de familias, cuyo sustento son las peleas de gallos, tauromaquia, entre otras actividades.
Aun cuando se realizaron foros este 2019, donde fue tajantemente rechazada esta ley, todo fue una simulación, siendo que el Partido Verde promovió una iniciativa este día para emitir un exhorto a la Secretaría de Gobierno, a fin de que se publique y entre en vigor. Minutos antes de la sesión fue sacado el punto del orden del día, al tenerse conocimiento que la ley será publicada en las próximas horas.
Y es que originalmente para la sesión de las 11 de la mañana de este martes, estaba programado en el punto número 11 la propuesta del acuerdo para que la XVI Legislatura exhorte al secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, y al director del Periódico Oficial para que publiquen el decreto 344, por el que la XV Legislatura expidió la Ley de Protección y Bienestar Animal.
El punto fue propuesto por la diputada Tyara Schleske de Ariño y los diputados Gustavo Miranda y José de la Peña Ruiz de Chávez, los tres del Partido Verde.
Sin embargo, minutos antes de iniciar la sesión fue retirado del orden del día, aun cuando el propio coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, José de la Peña Ruiz de Chávez, había manifestado esta misma mañana que: “Se trata de un exhorto que se preparó y fue ingresado por el Partido Verde en días pasados, estamos en espera de la publicación, tengo entendido que se hacía el día de hoy”.
Aún sabiendo del rechazo a la polémica ley, dijo que “la aplicación de la ley se generó en un consenso por una legislatura anterior y eso habla que es una ley bien organizada y bien armada con varios temas”.
Cuestionado porque se trató de una reforma que no se trabajó en comisiones durante la XV Legislatura y está hecha al vapor, José de la Peña reconoció que es una ley perfectible, que confía será nuevamente analizada ahora por la XVI Legislatura.
Secretaría de Gobierno
mintió a galleros
En el vestíbulo del Congreso del Estado, Wilberth Campos, delegado estatal de la Asociación Nacional de Criadores de Aves de Combate de Quintana Roo, lamentó que se pretenda publicar tal cual una ley que afecta a alrededor de 10 mil galleros en la entidad.
Externó su preocupación, siendo que tenían la palabra del secretario de Gobierno de que no se publicaría la ley.
Recordó que a finales de la legislatura pasada se hicieron tres foros públicos y ahí se vio el rechazo tajante.
“A los diputados del Partido Verde les dijo que no tienen conciencia del perjuicio económico a la gente”.
Cabe mencionar que aprobada por la pasada XV Legislatura en junio de 2019, la Ley de Protección y Bienestar Animal generó un fuerte rechazo por diferentes sectores de la sociedad quintanarroense, generando una serie de marchas y movilizaciones de las comunidades mayas y pueblos indígenas, productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros cozumeleños, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que se oponen a la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y calesas en el estado.
La aprobación de la ley despertó la inconformidad de decenas de sectores que se han dicho afectados, los cuales han alzado la voz para pedir que se respeten las tradiciones y costumbres de más de 200 pueblos mayas y comunidades indígenas de Quintana Roo, pero también que se protejan miles de fuentes de empleo que giran en torno a estas actividades populares.
Para calmar los ánimos de la gente, la pasada XV Legislatura montó una simulación con los foros de consulta sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, que únicamente se hicieron en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, pero posteriormente se interrumpieron y no rindieron frutos.
El gobierno de Quintana Roo hizo el compromiso de que la ley no se decretaría a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entraría en vigor y aplicaría la polémica prohibición; en lugar de eso, anunció que la regresaría a la cancha del Congreso del Estado para una nueva valoración y posible modificación, lo cual quedaría en manos de las diputadas y diputados de la nueva XVI Legislatura. No obstante, el compromiso no se cumplió.
Cronología del engaño
A finales de agosto se había dicho que la Ley de Protección y Bienestar Animal sería devuelta al Congreso del Estado para su respectiva revisión; sin embargo, galleros quintanarroenses se dijeron en incertidumbre tras considerar que no existen las garantías de que la normativa realmente sería modificada.
Incluso, se reunieron con el actual subsecretario de Gobierno, Joel Saury Galué, quien les dijo que el acuerdo era no publicar la polémica ley y mandarla a revisión, pero en ningún momento se les hizo el compromiso de reformarla y echar abajo aquellos artículos que prohíben las corridas de toros, peleas de gallos y uso de calesas en el estado.
Posteriormente, en el marco de la instalación de la XVI Legislatura, se manifestaron los representantes de corridas de toros, carreras de caballos, peleas de gallos, entre otros, para solicitar que no se apruebe la Ley de Protección y Bienestar Animal.
En ese momento, Jaime Valenzuela, presidente de Tauromaquia Mexicana en Quintana Roo, señaló que la ley aprobada irregularmente por la XV legislatura, encabezada por Eduardo Martínez Arcila, afecta a más de 35 mil personas en la entidad.
Comentó que lejos de la preservación de las culturas, costumbres y tradiciones de los pueblos, esta ley es violatoria, siendo que la constitución dicta que se deben de hacer consultas.
Recriminó que la legislatura saliente promoviera esta ley “en lo oscurito y al vapor”, y que el procedimiento está mal hecho, siendo que no se convocó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues toda ley de esta naturaleza debe ser consultada. Añadió que existen evidencias filmadas de que el 96 por ciento de los quintanarroenses consultados la rechaza.
El entrevistado dijo que las protestas continuarán porque no se puede permitir que se pierdan 35 mil empleos en Quintana Roo, de los cuales 20 mil se localizan en poblaciones vulnerables.
Hace un mes se informó que el gobierno del estado supuestamente había devuelto al Congreso local la Ley de Protección y Bienestar Animal aprobada por la XV Legislatura, para que se haga un nuevo análisis y dictamen de la misma, por lo que la XVI Legislatura tendría que revisar la polémica norma.
Lo anterior lo dijo el presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso de Quintana Roo, el diputado Roberto Erales Jiménez, quién además en ese momento consideró que lo mejor en el caso sería dejar el control y regulación a los municipios, ya que ellos conocen de mejor manera las costumbres, tradiciones y actividades económicas de la gente.
De hecho, el presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria consideró que las corridas de toros, peleas de gallos y calesas o carruajes turísticos son tradiciones de miles de familias quintanarroenses.
Sin embargo, ahora la ley será publicada mostrando que el compromiso de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y de la XVI Legislatura no se cumplirá, en tanto nuevamente sea revisada, entrará en vigor en perjuicio de 35 mil personas en la entidad.